Como “una generación castrada” y “dañada por el Estado”, así se refiere el presidente de la agrupación de ex conscriptos Bío Bío, Juan Díaz, cuando habla de sus compañeros de armas que debieron –forzosamente- integrar las Fuerzas Armadas, desde el año 73 al 90, para cumplir con el servicio militar y estar disponibles para defender la seguridad interior del país y su soberanía.
Díaz enfatizó que la gran mayoría de ellos eran prácticamente menores de edad, con 18 a 19 años, quienes fueron arrebatados del seno materno para ser convertidos -de la noche a la mañana- en personas sin emoción, listos para enfrentar un posible conflicto bélico.
El dirigente sostuvo que muchos debieron abandonar proyectos de vida, sin tener ninguna opción de oponerse al respecto, ya que –sostuvo- eso era causal simplemente de ajusticiamiento, por ser considerado un desertor.
A lo anterior, añadió que después de cumplir con su servicio, todos fueron abandonados por el Estado, sin que éste intentara siquiera reinsertarlos en la sociedad, corriendo diferentes suertes, en algunos casos llegando al suicidio o la muerte por depresión.
El dirigente agregó que las empresas no querían contratar a un ex conscripto, especialmente si participó en el casi conflicto con Argentina, pues la mayoría cargaba con el estigma de ser tachado como desquiciado y -por ende- un peligro para la organización.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Con respecto a la participación de conscriptos en crímenes de lesa humanidad, el dirigente partió desestimando esa tesis, para luego sostener que “los conscriptos que participaron en el 73, sólo lo hicieron por 161 días”.
Asimismo, añadió que “si lo hicieron, ellos no tienen ninguna responsabilidad en los hechos, hay que buscar la responsabilidad en otro lado. Ellos sólo cumplieron órdenes”.
Tras ello, enfatizó que los conscriptos también sufrieron violaciones a los derechos humanos, expresando que “tenemos antecedentes de alrededor de 1.500 ex conscriptos que dentro de los cuarteles murieron acribillados, disparándose en el pecho o después de tener sus manos fracturadas. Por ello, eso tiene que ser investigado”.
A lo anterior, el dirigente sentenció que “tenemos un reconocimiento del gobierno como víctimas de derechos humanos, situación que la sociedad poco ha valorado”.
DENUNCIA DE INTOXICACIÓN QUÍMICA
El líder de la agrupación de Ex Conscriptos del Bío Bío continuó denunciando que un 95% de los 36.000 soldados que murieron tras cumplir con el servicio militar, lo hicieron a causa de cáncer.
“Esto está asociado al consumo de piedra alumbre, ésta es un coagulante, pero como es un mineral radioactivo produce esa patología, eso está debidamente comprobado”, agregó Díaz.
A raíz de ello, añadió que “el Estado chileno envenenó a toda esta generación, con el consumo de piedra alumbre, porque el Estado permitió eso. El Estado fue el proveedor de este producto, para que fuera utilizada en la alimentación”.
LOS 13 MESES EN LA FRONTERA
Por último, el dirigente de la agrupación repasó el paso de los conscriptos por el casi conflicto bélico con Argentina, sosteniendo que en la provincia de Bío Bío fueron movilizados 1.500 voluntarios, siendo destinados a Tierra del Fuego y el norte del país.
En base a ello, Díaz comentó que “estuvimos 13 meses en la frontera con Argentina. Ahí nosotros estuvimos a 5 horas de enfrentar un conflicto bélico, incluso recuerdo claramente cuando recibimos la última comida caliente y la extremaunción”.
Luego de ello, reflexionó manifestando que “a nosotros se nos utilizó, tanto a los chilenos como los argentinos. Fuimos cierto segmento de la sociedad que sirvió a los intereses de personas determinadas, de los poderosos que conducían los respectivos países, tras ello el Estado se deshizo de nosotros”.
EXIGENCIA DE REPARACIÓN
Finalmente el dirigente aludió a la última reunión realizada por la agrupación, el reciente fin de semana, en donde se difundió el levantamiento de información y caracterización de los ex conscriptos, con la finalidad de ser presentado este estudio ante la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien debe entregar una solución definitiva al tema, en un plazo de 4 años.
A esto, agregó que “nosotros buscamos una reparación que va más allá del aspecto económico, pues trabajamos bajo cuatro puntos centrales, siendo estos una reparación económica, acceso a la salud, derecho a la educación y la obtención de una vivienda, para quienes no han tenido una solución habitacional.