Por 9 votos a favor y 1 abstención, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, aprobó recientemente las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en materia de información, fiscalización y sanciones, y refuerza las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas en estos aspectos.
“La Presidenta Michelle Bachelet planteó en 2014, avanzar en soluciones a la problemática del agua, incluyendo la modificación del marco normativo de 1981, para hacer realidad que las aguas son un bien nacional de uso público. Los diputados aprobaron lo que hemos impulsado como gobierno, conscientes de la necesidad de cuidar el agua. Acordaron fortalecer las facultades de fiscalización de la DGA para cautelar los robos de agua, aumentar las sanciones para disuadir estos delitos y otras infracciones, aumentar la información sobre cuánta agua tenemos y avanzar en calidad de las aguas”, señaló el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Este proyecto fue aprobado por la sala del Senado en agosto, pasando a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. A inicios de septiembre el director General de Aguas del MOP, Carlos Estévez, presentó las modificaciones a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, oportunidad en la cual los parlamentarios hicieron consultas y aclararon dudas.
En el actual Código de Aguas, la regla general es una sanción máxima de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) aplicada por tribunales, mientras que con la modificación, las sanciones pueden aumentar hasta 100 veces, según el caso, siendo aplicadas directamente por la DGA.
Además, se le asigna a los fiscalizadores DGA la calidad de ministros de fe, el Servicio puede solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública, lo que hoy en día debe solicitarse al gobernador o intendente.
Esta iniciativa también mejora las atribuciones en información sobre el agua, ya que permitirá a la DGA recibir mediante sistemas más modernos tanto las extracciones que estén realizando los titulares de derechos de aprovechamiento, como la información de los Conservadores de Bienes Raíces respecto de las inscripciones de los derechos de agua.