Luego de casi 3 años, se llevó a cabo la formalización del ex funcionario de la Dirección de Administración Educacional Municipal (DAEM), identificado con las iniciales B.M.Z, quien durante 2015 hizo uso de una serie de cheques de carácter fraudulento entregándolos a sus cercanos.
Por este hecho, el joven quedó con la máxima cautelar de prisión preventiva, luego de ser formalizado por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil de manera reiterada.
El acusado fue imputado por el hurto de una suma superior a los 13 millones 500 mil pesos, el que distribuía entre sus cercanos, entre los que se encontraba su pareja y otros cinco conocidos, quienes también se presentaron ante el Tribunal de Los Ángeles durante el día lunes.
Producto de este delito, se fijó una investigación de seis meses, periodo donde el imputado, tendrá que mantenerse en prisión preventiva, mientras que los otros involucrados, tendrán que cumplir arraigo nacional y firma mensual.
Cabe señalar que el tribunal determinó que el inculpado era un peligro para la seguridad de la sociedad, según expuso el Ministerio Público, quien acogió el argumento de lo reiterado de los delitos cometidos en cuatro meses, entre marzo y julio de 2015.
En el lugar, el fiscal Rodrigo Durán explicó que “el funcionario municipal encontrándose en sus labores en el departamento de educación, realizó varias operaciones de fraude. Al día de hoy existen 41 detectadas, que consistieron en elaborar diversos cheques fraudulentos con perjuicio a las cuentas fiscales de educación, las cuales los giró a nombre de amigos, de vecinos y pareja, con el objetivo de sacar esos dineros desde las arcas públicas para ingresarlos a patrimonios privados”.
Además precisó su procedimiento manifestando que “dentro de las funciones que tenía el imputado era el pago a proveedores. Él se percató que existan órdenes de pago que no habían retirado el cheque respectivo y habían pasado años. Obtiene el dato de esos cheques, los ingresa nuevamente en el sistema y genera nuevos decretos de pago con nuevos cheques, esta vez a nombre de las personas con las que estaba concertado para cometer el delito”.
Pedro Roque Bustamante, abogado litigante de la parte querellante manifestó que “estamos conformes con esta cautelar, que es la más intensa. Pensamos que el país deben dar una señal fuerte ante delitos de corrupción, creemos que es un buen indicio, aunque sean montos menores”.
ANTECEDENTES DE ESTE HECHO
Esta causa se comenzó a investigar posterior a que el imputado -quien ejercía funciones con la encargada de proveedores - quedara en un puesto de confianza cuando su superior estuviera con licencia maternal.
Desde esa fecha -marzo del 2015-, el ex funcionario se percató que una serie de pagos a proveedores no eran reclamados y comenzó a elaborar estos documentos a sus cercanos.
Cabe recordar que el modus operandi de este joven se basaba principalmente en revisar los cheques que no eran cobrados por uno o dos años pasados, cuando estos eran caducados, y no eran retirados por los correspondientes proveedores y en ellos cambiaba el nombre para generarlos a sus cercanos.
Este procedimiento fue elaborado hasta el mes de julio, cuando uno de los trabajadores de la administración se percató de este hecho solicitando una auditoria interna para investigar si existían otros procedimientos similares.
Durante el proceso de formalización, la parte querellante manifestó que al momento de ser descubierto por los otros funcionarios, el joven manifestó que necesitaba este dinero para su madre y procedió a devolver el primer monto.
Luego de ello, al momento de la auditoria, se reveló que este adeudaba 41 documentos por una suma cercana a los 14 millones de pesos, donde había entregado más documentos a sus amigos y pareja con la que tiene dos hijas.
IMPRESIONES DE ESTE DELITO
Sobre este hecho, uno de los precursores de la demanda fue el concejal UDI Leonet Rosales, quien en ese entonces presentó la querella criminal por el delito de Asociación ilícita, exacción ilegal, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y privado mercantil, en contra de B.A.M.Z, como también en contra la pareja del querellado identificada con las iniciales J.L.G y de quienes figuran como sus coautores y cómplices identificados con las iniciales M.Z.G, J.V.G y J.G.S.
Ante esto, el concejal manifestó a La Tribuna que se encuentra conforme por la decisión del tribunal: “Hoy estamos viendo el rigor de la Ley hacia funcionarios que no están cumpliendo sus funciones a cabalidad, por ello esto será un ejemplo para otras personas que incurran en estos actos ilícitos y es parte del trabajo de los concejales, y con esto se confirma que no estábamos equivocados cuando presentamos este recurso”.