El municipio cordillerano fue condenado por la exoneración supuestamente discriminatoria y con vulneración de derechos fundamentales de cinco funcionarios despedidos en diciembre de 2019, por razones políticas. En el fallo emitido por el Juzgado de Letras de Santa Bárbara la magistrada Mery Ramírez Escalante acogió la acción de tutela laboral tras establecer la existencia de relación entre las partes y desestimar el supuesto déficit presupuestario esgrimido como causal del cese de funciones de los funcionarios. Por lo que ordenó al municipio demandado pagar una indemnización total de $100.129.061 a los trabajadores por las prestaciones adeudadas.
Una de las causas probatorias que gatilló en la determinación del juzgado consigna que se eligió desvincular a los nueve demandantes, y poner en su lugar a personas afines a las ideas políticas del alcalde, cuando en lugar de esta acción pudieron adoptarse otras medidas, teniendo presente sus años de servicio, donde cuyos contratos han sido sucesivamente renovados, por -a lo menos- más de dos años.
Al respecto la magistrada Ramírez indicó que: Estas nuevas personas contratadas serían afines a la visión política del alcalde, no así los demandantes. Además, aunque se hubiera podido acreditar el referido déficit presupuestario, no se logró probar cuál fue la razón de la desvinculación de ellos y no de otras personas, considerando sus años de servicio, su experiencia y su vinculación con la comunidad local.
Según desprende el poder judicial las nuevas personas contratadas no contaban con la experiencia con la que sí contaban los demandantes, principalmente técnicos en enfermería nivel superior (TENS) en el Cesfam Ralco y otras postas rurales de Alto Biobío.
Finalmente, aunque existiese el déficit de dineros porque se acusa a los demandantes, no se logró acreditar la racionabilidad de la decisión del municipio, ya que se pudieron adoptar otras medidas para enfrentarlo, teniendo presente la actual contingencia sanitaria que nos afecta , puntualizó , la jueza Mery Ramírez Escalante.
DESDE EL MUNICIPIO
Jorge Contreras, director comunal de Salud de Alto Biobío y abogado de profesión se refirió a la condena de primera instancia decretada por el Juzgado de Letras de Santa Bárbara en contra del municipio de Alto Biobío precisando que, estas personas contaban con un contrato a plazo fijo regulado por la Ley 19.378, por lo que estamos hablando de una no renovación de contrato y no un despido. Nosotros estamos en discrepancia completa con la magistrada respecto a la vulneración de derechos, las razones políticas no existen en ningún momento, por ende recurre de nulidad laboral a la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual ya se encuentra en tramitación por el tribunal de alzada. Si no resulta ser efectivo este recurso seguiremos todas las instancias legales correspondientes, incluso la Corte Suprema .