La llamada educación pública o enseñanza pública,

como se la debe reconocer,  es aquella

que se imparte en un marco de igualdad que permite el acceso a la educación,

como un derecho inherente a la condición humana, de todas las clases sociales,

permitiendo que en un lugar común se dé el encuentro y la convivencia  entre las personas que, por sobre sus

diferencias,   se identifican como hijos

de una misma patria,  que comparten igual

sentido de unidad nacional, similar sentimiento de pertenencia, así como asumen

el deber y el derecho de tener participación activa en la construcción de una

realidad social que se vive y que les afecta para la cual todos su habitantes

deben estar preparados para asumirla.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la

educación pública, más allá de que haya otras visiones, legítimas por cierto,

de una educación impartida por privados, educación que, por lo demás, es

anterior a la pública, pero privilegio solo de unos pocos, de una elite

social,  hecho que llevó a los gobiernos

de José Miguel Carrera,  Bernardo

O`Higgins y José Joaquín Prieto -con más consciencia de igualdad social y la

necesidad de una educación para todos para hacer crecer y desarrollarse a una

nación que la dirigencia política de hoy- 

a decretar la obligatoriedad de una educación pública, adquiriendo la

educación del pueblo rango constitucional en la Carta Magna de 1833 cuando

estableció que La educación pública es una atención preferente del gobierno.

El Congreso formará un plan general de educación nacional, y el Ministerio del

despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la

república y dispuso la creación de una superintendencia de educación pública,

medida que hoy, 186 años después, se le reconoce  necesaria.

En la reforma a la educación que se pretende

instalar a través de la modificación del currículo escolar subyacen elementos

propios de  la  concepción elitista de la educación de los

tiempos coloniales: una educación solo para quienes tengan méritos para

recibirla. Al respecto la pregunta es: ¿De dónde provienen la mayoría, si no

todos, los estudiantes considerados meritorios? De la clase culta, como antes,

diría la educadora Amanda Labarca, cuyos hijos estudiaban en la educación

privada y en la escuela fiscal, lo hacían el hijo del peón o del artesano.

Igual situación que aflige a  los

estudiantes de hoy que, por su condición social, cultural y económica  tienen pocas opciones de acumular méritos,

aunque tengan talentos.

Lo esperable en educación de  todo gobierno es que el Estado, cumpla con su

rol social para  quienes más lo

requieran; que respalde y fortalezca el sistema público de educación y no lo

deje abandonado a los vaivenes de la economía de mercado de modo que el sistema

público pueda competir, si de eso se trata, en igualdad de condiciones con el

sistema privado que no tiene las mismas limitaciones ni condicionantes que el

abandonado sistema público.

Las observaciones que se hacen, desde distintos

sectores a los cambios propuestos en educación, apuntan al desconocimiento

de  la lógica y racionalidad de los

cambios y solicitan conocer las bases curriculares (aún no conocidas) que lo

sustentan y permitir una discusión y un análisis público y democrático.

Alejandro

Mege Valdebenito