El debate en torno a la promesa de campaña del actual gobierno, para la condonación del Crédito con Aval del Estado, ha vuelto a tomar fuerza, no solo desde el punto de vista de las ideologías que debieran discutir el proyecto que presentará el Gobierno, sino también en la forma en que se debieran recuperar los fondos que paga el Estado como aval de los estudiantes y en el punto de quiénes son realmente afectados versus los que pueden pagar y no lo hacen.
Para los alcaldes y alcaldesas el tema es complejo, porque mientras se conoce el detalle de un proyecto que debiera mejorar una norma que resultó ser un gran negocio, nos deberemos enfrentar, una vez más, a un debate legislativo que se muestra, en primera instancia, como otra norma que podría no considerar las realidades locales.
Pese a que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo fue el primero en utilizar el concepto de reorganización en una promesa que hablaba de una condonación universal, el temor a que las discusiones del Congreso dilaten una solución en la materia nos mantiene alerta, no solo porque esperamos que las palabras de campaña se vuelvan realidad, sino porque sabemos que existen personas que abusaron de una ley que buscaba garantizar el acceso universal a la Educación Superior.
Por lo mismo, creo y siento que hay que evaluar el tipo de deudores por separado. Hay que hacer la distinción correspondiente. No es posible que diputados, funcionarios públicos, altos ejecutivos que hoy ganan una buena renta no paguen sus compromisos y sea el Estado el que asuma esa deuda ante las instituciones financieras.
Distinto es el caso de personas desempleadas, otros que dejaron de estudiar, o bien quienes se titularon y hoy trabajan en una función distinta con bajos sueldos. Creo que hay que distinguir y evaluar cada caso por separado, desde el punto de vista social y económico. Hay que ayudar a aquellas personas que realmente justifiquen una realidad económica difícil, dando facilidades, condonando el total o parte de la deuda según el caso, porque al fin y al cabo el Estado somos tod@s y hay que focalizar el gasto de los recursos en aquellas personas que más lo requieran socialmente y para ellos, quienes conocemos la realidad de nuestros vecin@s, estamos disponibles para cooperar en este debate.
Pero hagamos una pequeña síntesis, una condonación completa sin distinciones no es bien vista en la oposición y en el oficialismo, los partidos no logran llegar a un acuerdo concreto, por lo que el posible anuncio de la presentación de un mensaje del Ejecutivo para septiembre de este año, pone en jaque y apresura el acuerdo al interior de la coalición gobernante, pero ojo, el propio Ministro de Hacienda, Mario Marcel ha dado luces claras de lo que piensa La Moneda, sin comprometer el contenido de un proyecto que dejaría de lado la promesa de campaña, porque no es lo mismo ser candidato que gobernante y eso, nuestro presidente, lo ha comprendido.
Basado en tres pilares: Justicia, progresividad y autocontención, este proyecto busca en palabras del jefe de la billetera fiscal "la reorganización de la deuda educativa" y eso al menos, nos invita a pensar en una solución definitiva.
Aunque muchos no comparten la idea de un Estado poderoso que compita en el mercado, por ejemplo con las instituciones financieras, lo cierto es que en un tema tan sensible como la educación, este debiera tener fuerza y apuntar a terminar las deudas con los bancos por concepto de "deuda del CAE", porque no es posible que debamos pagar cerca de 300 mil millones de pesos en garantías, cuando ya ha quedado claro el aprovechamiento de una Ley cuyo espíritu se guiaba por la equidad y que la realidad la convirtió en gran negocio.
Jorge Rivas Figueroa
Administrador Público
Licenciado en Ciencias Políticas