Es tan grave mentir como ocultar por un tercero la mentira. Ambos hechos no son parte de una sociedad culta y menos aún de componentes del servicio público o ámbito político.

Me refiero a esta nueva detenida desaparecida, supuesta muerta para los efectos de cancelar durante 50 años una pensión que en ningún caso debió ocurrir. Menos a costa de mentiras y socios mentirosos que le permitieron instalar su nombre en aquellos que sí la ley les entregó, a sus familiares, una pensión en mérito de su muerte por afanes políticos.

Formé parte de la Comisión de DD.HH. y Ciudadanía del Senado por espacio de 12 años. Conocí a fondo este problema y me reuní con muchísimas personas que fueron parte de ambos lados políticos expresados en el advenimiento del régimen militar. Junto a cuatro senadores más, representantes de los senadores institucionales y designados, como Enrique Silva Cimma, José Ruiz de Giorgio (DC), José Antonio Viera-Gallo (PS), Beltrán Urenda (UDI) y el suscrito Mario Ríos (RN), procuramos en todo momento crear las condiciones para resolver este asunto de los detenidos desaparecidos (DD).

Nos hicimos la convicción de que ellos, los DD, efectivamente formaban parte de situaciones extremas vividas en la lucha subterránea que se llevó a cabo, y que luego de su muerte su cuerpo había desaparecido. Eso no tuvo otra opinión: así fue. Y lo lógico, más no se podía hacer por cuanto la persona buscada estaba fallecida, era que tuvieran derecho a saber dónde, bajo qué circunstancias y toda otra información relevante nos permitiera saber el lugar de sus exequias. Algo, aunque pequeño: los familiares tenían derecho a sepultarlo.

Durante este proceso comenzaron a aparecer los detenidos desaparecidos que estaban vivos. Uno en Francia, otro en Perú, otros en Chile mismo y, ahora, una señora en Argentina, fueron constituyendo un cuadro que sumaba más dudas que certezas, por algunos que se habían "colgado" de la confusión con aliados conocidos para su inscripción en los registros de DD y esconderse en algún lugar para que la familia recibiera un estipendio de parte del Estado.

En virtud de ello, y vuelvo a insistir, considerando que era indispensable crear las condiciones que permitieran conocer el destino de los restos de DD, los cinco senadores elaboramos un proyecto de ley que daba potestades a la totalidad de los jueces de Chile para recibir informe de quien aportara conocimiento sobre detenidos desaparecidos, especialmente saber en qué lugar estaban sus restos. Esa declaración, frente a cualquier juez, debía hacerse privadamente y el nombre del denunciante no quedar registrado en ninguna parte.

Conocido este proyecto, se lanzaron en contra las organizaciones de DD.HH. y, particularmente, aquellas que encabezaban los detenidos desaparecidos. Tan fuerte fue la presión para que este proyecto desapareciera que, finalmente, el Senado lo archivó.

De lo ocurrido se desprende la fuerte acción política sobre el tema. ¿Cuántos más no han sido DD y hoy, ya fallecidos por ancianidad, mantienen el silencio político? ¿Y cuánto interés real habría sobre la solución de este problema? Misterio.

Mario Ríos Santander