El Gobierno confirmó la presentación de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por la colocación de un artefacto explosivo durante la mañana de este lunes en las instalaciones de la Fundación Paz Ciudadana, en la comuna de Providencia, región Metropolitana.
Según dio a conocer la Fiscalía Metropolitana, el hallazgo se realizó tras la denuncia presentada por trabajadores poco después de las ocho de la mañana, en la intersección de calles Marchant Pereira con Mar del Plata, donde se observó un aparato con un sistema de relojería y un temporizador, al cual le habría fallado el sistema de detonación.
DESACTIVACIÓN DEL DISPOSITIVO E INVESTIGACIÓN
Según dio a conocer el fiscal a cargo de las diligencias, Alex Cortez, al lugar llegó equipo especializado en bombas de Carabineros, quienes resguardaron el sitio del suceso para realizar peritajes y desactivar el artefacto explosivo, sin reportar daños ni lesionados.
Junto con ello, se dio a conocer que posterior a la desactivación de este artefacto, se realizará el análisis de las trazas de explosivos y el sistema de relojería que presentaba, mientras que los resultados de las pericias van a ser entregados de manera directa al Ministerio Público.
En esa línea, además se confirmó que se dio inicio a un trabajo especializado en materia investigativa de parte del equipo del OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística -Labocar- los cuales realizaron un trabajo de empadronamiento, además de establecer el registro de cámaras de seguridad en las cercanías o cualquier situación de índole criminalístico, que ayude a buscar responsables y determinar las causas o motivos para instalar este dispositivo.
REACCIONES FRENTE AL HECHO
Según consignó radio Cooperativa, el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, se manifestó "absolutamente consternado, tomando conciencia, uno en el primer minuto no es consciente del riesgo al cual estuvo sometido, pero sin duda que a medida que va pasando el tiempo vamos tomando cada vez más consciencia de la gravedad del ataque sufrido y de las graves consecuencias que eso podría haber tenido para las personas que trabajamos en la fundación".
En relación con posibles acciones legales, precisó que "todavía no tenemos decididas cuales van a ser esas acciones, pero está en curso la investigación y nosotros estamos por ahora colaborando con todos los antecedentes que podemos para que se logren esclarecer los hechos".
En una declaración pública, "el ataque sufrido esta mañana consterna a nuestra institución. Podría haberse visto dañado un grupo de profesionales comprometido, que trabaja a diario para hacer de nuestro país un lugar en el que todas las personas puedan desarrollar sus vidas en paz".
En relación a la acción judicial presentada por el Ejecutivo frente a este hecho, se dio a conocer que es en contra quienes resulten responsables, y que fue presentado ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, y se enmarca en la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos, donde a través de un comunicado indicaron que "como Gobierno condenamos todo tipo de acto que atente contra la vida e integridad de las personas y perseguiremos estos delitos asociados con el máximo rigor que la legislación permite".
