Policial y Judicial

Con medidas cautelares quedó inspector de la PDI acusado de falsear informes

Según la fiscalía, el inspector que integraba la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, confeccionó informes falsos, los que ocasionó que no se siguiera adelante con la indagación de los delitos de robos.

Cuartel de la PDI en Los Ángeles, La Tribuna
Cuartel de la PDI en Los Ángeles / FUENTE: La Tribuna

Este miércoles fue formalizado el inspector de la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de la Policía de Investigaciones en Los Ángeles, bajo los cargos de falsificar informes policiales relacionados con delitos, principalmente de robo, y de obstrucción a la justicia.

Tras la audiencia de formalización de cargos, el Juzgado de Garantía de la capital provincial decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal en contra del funcionario Jaime Andrés Ruiz Fernández.

Según el Ministerio Público, el efectivo de la policía civil, es autor del delito de falsificación de informes, conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, y de obstrucción a la justicia, en hechos que se registraron entre el 2018 y 2019.

De acuerdo al ente persecutor, los hechos ocurrieron durante 2018 y 2019 cuando el funcionario de la PDI era inspector de la Bricrim, unidad especializada en la indagación de los delitos contra las personas y a la propiedad.

En ese marco, al funcionario se le asignación diligencias de investigaciones penales, que derivaron en la confección de cuatro informes, los que resultaron ser falsos. Dichos informes fueron remitidos a la fiscalía local de Los Ángeles, lo que derivó en que se archivaran provisionalmente las causas, debido a que (de acuerdo a lo expuesto por el policía), no se recabaron antecedentes útiles al no lograrse contactar a las víctimas o no manifestaron interés en las indagatorias. Sin embargo, las indagaciones posteriores habrían demostrado que el funcionario nunca hizo las averiguaciones que sustentaran sus conclusiones.

En la audiencia de formalización, la magistrada Alicia Bravo Ojeda acogió las cautelares solicitadas por la fiscalía, sin oposición de la defensa, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento, y se fijó en siete meses el plazo de investigación.




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