Defensoría Penal Pública inició plan piloto para implementar defensa de géneros en Biobío

Esta semana se dio inicio oficial al piloto de géneros en la Región del Biobío que implica la asignación de causas de mujeres y personas LBGTIQA+, a tres defensoras que ejercerán todos los derechos específicos que les corresponden a estos grupos tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional.

Las defensoras Monserrat Varela Mutizabal, Nelly Argel Figueroa y Catalina Poblete Perez, serán las encargadas de tramitar estas causas que comprenden a personas que se encuentren en calidad de imputadas en una o más causas, ya sea en prisión preventiva u otra cautelar y por delitos de tráfico de drogas o VIF sin importar su edad o nacionalidad, para luego instar a la universalidad en la atención de todos estos casos en sus respectivas zonas de defensa.

El defensor regional, Osvaldo Pizarro, indicó que "este plan viene a afianzar y dar una estructura a la defensa con perspectiva de géneros que la Defensoria Regional del Biobío viene desarrollando hace años, pero que tuvo su principal punto de visibilidad con el caso de Lorenza Cayuhan y los fallos obtenidos recientemente en favor de mujeres que fueron inicialmente imputadas, pero que finalmente fueron absueltas o sobreseídas tras exponer -sus defensores y defensoras- que  vivieron años de brutal, permanente y continua violencia intrafamiliar".   

La iniciativa se suma a las otras líneas de defensa especializada de la Defensoría Penal Pública: Juvenil, Migrantes, Pueblos Originarios, Mujeres y Condenados

UNA DEFENSA NECESARIA

La defensora Varela  se refirió al desafío de sumarse al plan piloto y destaco la relevancia de que "las instituciones de Estado recojan las obligaciones  que imponen los tratados internacionales en el sentido de dar protección a las mujeres, prevenir y  erradicar toda forma de violencia o discriminación, y en ese sentido creo que  tratándose de mujeres perseguidas penalmente, muy especialmente aquellas privadas de libertad hay un  nivel de vulnerabilidad del que tenemos que  hacernos cargo como  funcionarios públicos y como defensoría".

Este nuevo modelo de defensa especializada surgió desde la "mesa de género" instaurada a nivel nacional que buscó estructurar un mecanismo para otorgar una defensa adecuada y de calidad a estos grupos vulnerables, no solo desde la base del derecho, sino además teniendo en consideración su especial condición de desigualdad, prejuicios y discriminación que viven a diario.