El martillero público Edison Cid Chavarría, que tenía oficina en la ciudad de Yumbel, ofrecía remates directos de automóviles, camionetas y propiedad. Los precios de venta que ofrecía eran demasiado atractivos, muy convenientes, una oferta imposible de resistir.
Sin embargo, aunque los interesados pagaban la suma de dinero convenida, nunca recibían el bien que habían adquirido.
Sus víctimas suman más de una treintena. La gran mayoría, familias modestas de la comuna de Yumbel que entregaban el dinero con la esperanza de tener un bien raíz o un vehículo que, a precio de mercado, era muy difícil - acaso imposible - de conseguir. Sin embargo, también hubo afectados de regiones vecinas que también confiaron en el martillero público.
El monto de lo defraudado supera los 630 millones de pesos. Uno de los casos más graves afecta a una mujer que, a través de remates directos, compró vehículos y un departamento por 117 millones de pesos. Nada de eso lo entregó.
Hace ya dos años que las denuncias y querellas estaban radicadas en los tribunales de justicia, principalmente en la zona de Concepción, varias de las cuales trascendieron en los medios de comunicación penquistas. El Ministerio Público lo estaba indagando desde enero del 2020 cuando llegaron las primeras denuncias.
Más de cuatro años después, la fiscal Marcela Barahona, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía del Biobío, confirmó que mediante una orden judicial, este jueves fue detenido Edison Cid Chavarría, quien será formalizado hoy por la seguidilla de estafas.
Varias de las personas afectadas tienen domicilio en Yumbel, cuyo Juzgado de Garantía concedió la orden a la fiscal Barahona para que la Policía de Investigaciones detuviera al imputado y realizara una entrada, registro e incautación de evidencia desde su domicilio en Chiguayante.
Las estafas dicen relación con la engañosa venta de vehículos e inmuebles a precios y condiciones supuestamente convenientes para las personas que se mostraban interesadas, las que nunca se concretaron, a pesar de que las víctimas le entregaban el dinero al martillero.
Los detalles de los delitos serán expuestos por la fiscal Marcela Barahona en la audiencia que se realizará en la mañana de este viernes en el Juzgado de Garantía de Yumbel.
La propia persecutora confirmó que se trata de una indagación de larga data con unas 30 víctimas en la región. "El imputado se valía de su calidad de martillero público para engañar a los afectados y ofrecerle ventas de vehículos e inmuebles. Las víctimas le entregaban dinero bajo ese engaño, sin recibir contraprestación alguna por ese dinero", detalló Barahona.
La fiscal también que en la indagación hubo especial interés "porque hay una pluralidad de personas afectadas, algunas de las cuales tienen un nivel de vulnerabilidad importante".
En declaraciones a radio Biobío, Pedro Martínez, una de las víctimas, contó que el martillero público se ganaba su confianza, ofreciéndoles automóviles e incluso retroexcavadoras, las que nunca se entregaron. "Yo con él hablo casi todos los días. Que lo vamos a arreglar, que lo vamos a arreglar (le dice el acusado), pero todo falso", relató el afectado quien tiene residencia en Cabrero.