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Este martes, el Tribunal de Garantía de Arica determinó que el caso de los conscriptos y la lamentable muerte del soldado Franco Vargas, pertenecientes a la Brigada 24 Huamachuco de Putre, prosiga en la jurisdicción civil.
Este veredicto desestima la resolución inhibitoria de competencias emitida por la ministra en visita, Jenny Book Reyes, que buscaba trasladar la investigación a la justicia militar.
El juez Juan Araya, al rechazar la pretensión de la ministra, afirmó: "No nos vamos a inhibir de seguir conociendo este asunto. Y en virtud de lo que establece el artículo 190 del Código Orgánico Tribunal, siendo la ministra un tribunal de mayor jerarquía, corresponderá a la Excelentísima Corte Suprema dirimir la contienda que se acaba de trabar".
Esta determinación no solo resalta la autonomía del Tribunal de Garantía de Arica, sino que también apunta a la conformación de un juicio justo y transparente. El juez también hizo referencia a las directrices del sistema interamericano de Derechos Humanos, sugiriendo que la jurisdicción civil sea la indicada para llevar a cabo este delicado proceso.
No obstante, la resolución final aún está en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si la causa continúa en la justicia civil o es trasladada a la militar. Aunque no se ha establecido un plazo específico para esta determinación, se destaca que el proceso avanza de manera diligente y eficiente, según lo subrayó el juez Araya.
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