Familia de gendarme asesinado pide cadena perpetua calificada para condenado

"Como familia, queremos cadena perpetua. Más ahora que el tipo sigue fugado". De esta manera reaccionó Germana Sandoval Rubillot cuando se enteró que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a 20 años de presidio efectivo a Carlos Andrés Contreras Villa por el asesinato de su hermano Milton Sandoval, funcionario de Gendarmería.

La sentencia fue tomada de manera unánime por las magistradas Kary Videla Beltrán, Marisol Panes Viveros y el magistrado Christian Osses Baeza.

La lectura del fallo ocurrió en ausencia del homicida quien está prófugo desde la semana pasada cuando se confirmó que no estaba en su residencia, pese a estar con la medida cautelar de arresto domiciliario total mientras se desarrollaba el juicio en su contra.

Debido a esta situación, el tribunal emitió una orden de detención en contra de Carlos Contreras Villas cuando Carabineros constató que ya no estaba en su domicilio.

Para Germana Sandoval, es incomprensible que al condenado se le otorgara la posibilidad de retornar a su domicilio cuando hubo fallo condenatorio. "No sé en qué estaba pensando la jueza cuando autorizó eso", señaló.

La hermana de la víctima recordó que Milton - que era padre de dos hijas - siempre trasladaba a Contreras Villa su trabajo en la cárcel de la ciudad de Angol, donde ambos prestaban servicios. "Como mi hermano vivía en Los Ángeles, siempre lo pasaba a buscar a Coigüe para irse juntos hasta Angol. Ellos no eran amigos pero sí compartieron en varios asados como colegas".

Germana Sandoval aseguró no tener razones para que el colega de su hermano lo atacara hasta asesinarlo, aunque esbozó que podría deberse a que Milton llevaba un bolso con dinero. "Creo que el tipo lo hizo porque mi hermano llevaba dinero en su maletín ya que iba a hacer un negocio. Quizás se confió y como colega que lo llevaba todos los días, le dijo que llevaba ese dinero. No tengo la certeza de cuántos millones tenía".

La tesis se refuerza por lo divulgado en el juicio oral en que se confirmó que el asesino, después de atacarlo hasta darle muerte, le robó un maletín que llevaba en su vehículo.

Debido a la gravedad del crimen y a que el responsable ha evitado cumplir su condena, ratificó que como familia pedirán al Ministerio Público que se apele a la sentencia y se aplique el máximo rigor de la ley, que son 40 años de presidio, sin beneficios carcelarios.

Sobre la condición de prófugo de Contreras Villa, la mujer dijo tener sospechas que está recibiendo ayuda para evadirse, temiendo que - incluso - no esté en el país.

"Nosotros tenemos que esperar a que la justicia haga su trabajo de encontrarlo y llevarlo a la cárcel", declaró, aunque se mostró escéptica sobre la aplicación de justicia. "La justicia me decepciona cada día más".

DICTAMEN

Los jueces que en la mañana del 23 de noviembre de 2021, la víctima se desplazaba en su automóvil y se detuvo a un costado de la carretera en la localidad de Coigüe (comuna de Negrete), para que subiera su colega Carlos Contreras Villa, también funcionario de la institución penitenciaria.

Sin embargo, Contreras atacó con un cuchillo a su colega a quien le infligió severos cortes en el rostro, cuello, brazos y tórax. Aunque la víctima salió herido del vehículo para pedir ayuda, el homicida lo alcanzó y volvió a atacar con nuevas estocadas.

Al cabo, Milton Sandoval sufrió al menos 12 heridas corto-punzantes y tres heridas superficiales, determinando la causa de muerte como traumatismo cervico-toráxico complicado. Las heridas mortales fueron en la tráquea, corazón y los vasos sanguíneos de las vértebras cervicales.

Además de la pena de presidio, Contreras Villa fue inhabilitado de manera absoluta para ejercer cargos, oficios públicos y derechos políticos, y para profesiones titulares durante la condena. Se ordenó la toma de muestras biológicas del sentenciado para su incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.

En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda presentada por el querellante y ordenó el pago de 50 millones de pesos a la viuda e hija de la víctima por concepto de daño moral.