La Comisión de Constitución aprobó el pasado 9 de junio el proyecto de ley presentado por diputados de Renovación Nacional (RN) que permite acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales.
La iniciativa, ingresada en agosto de 2023 por Paula Labra (Ind-RN), junto a Camila Flores, Bernardo Berger y Miguel Ángel Becker, busca reforzar la fiscalización y sanción ante actos de corrupción.
Camila Flores, miembro de la comisión, destacó que la aprobación del proyecto "sin duda es una muy buena noticia a propósito de las responsabilidades políticas que tenemos que perseguir de aquellos que han cometido actos graves, delictuales, de corrupción, faltando a sus obligaciones legales y constitucionales". Añadió que "hemos tenido muchos escándalos a lo largo de nuestro país con distintos gobernadores regionales".
La diputada por la Región de Valparaíso explicó que la propuesta pretende "dejar explícito en la norma que los gobernadores regionales también serán objeto de acusación constitucional". Flores enfatizó que el proyecto rectifica una omisión previa y subrayó la importancia de la probidad en el ejercicio público, instando a los 155 diputados a apoyar la iniciativa.
Por su parte, Miguel Ángel Becker señaló la relevancia de la medida, afirmando que "a nivel nacional, prácticamente en las 15 regiones, los gobernadores regionales han hecho un uso inadecuado de los recursos".
Lo anterior, en relación a la transferencia de más de 90 mil millones a fundaciones y organizaciones de dudosa reputación, revelada por la fiscalía en la comisión Convenios 2.0. Becker sostuvo que la Cámara de Diputados debe tener la capacidad de fiscalizar a los gobernadores y los consejeros regionales, esperando una pronta aprobación de la ley.
Finalmente, Bernardo Berger calificó la resolución como "un avance significativo para la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país". Afirmó que "la aprobación de este proyecto por la Comisión de Constitución es un paso crucial para asegurar que los gobernadores regionales sean responsables por sus actos", especialmente en casos de gestión de fondos públicos. Berger concluyó que la iniciativa refuerza el compromiso con la probidad y el buen uso de los recursos de todos los chilenos.
Este proyecto ahora pasará a ser discutido y votado en la Sala, donde se espera un amplio respaldo para fortalecer la supervisión y control de las autoridades regionales.
