En un comunicado oficial, la Fiscalía argumentó que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Nº 19.913 sobre lavado de activos, toda divulgación o filtración de información puede ser sancionada con penas de presidio menor en sus grados medio a máximo.
El fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, lidera esta causa, asegurando que la investigación se realizará con "la objetividad y profesionalismo que exige el Ministerio Público en su labor de dirigir indagaciones sobre posibles delitos".
El equipo encargado de esta investigación incluye a tres fiscales adjuntos, tres abogados asistentes y dos analistas criminales, quienes colaboran con la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones de Chile.
"Hemos solicitado a la Fiscalía Nacional recursos adicionales para llevar a cabo nuestras labores de investigación, los cuales han sido aprobados para la contratación de dos abogados y para cubrir diferentes operaciones logísticas", informaron desde la Fiscalía.
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