Tres meses de investigación ordenó el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, luego de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Antonio Rusque Pérez, magistrado titular del Segundo Juzgado de Policía Local de la capital provincial.
El delito investigado se remonta a una denuncia presentada en 2023, la cual fue realizado por una mujer que en ese tiempo era funcionaria en el mismo recinto de administración de justicia.
Ella acusa que fue abordada por el magistrado para ser besada sin su consentimiento, luego de lo cual habría sufrido tocaciones en distintas partes del cuerpo.
INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA LOCAL
Durante este martes, el fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de Los Ángeles, Gonzalo Martínez, entregó mayores antecedentes de la denuncia en que víctima relata la manera en que sucedió dicha situación. "Los hechos ocurrieron el día 26 de enero de 2023, en horas de la mañana, al interior de uno de los Juzgados de Policía Local de Los Ángeles, donde el imputado quien tiene el cargo de juez en dicho tribunal" detalló el persecutor.
Especificó que "al interior de la sala de audiencia del mismo tribunal, se habría acercado a la víctima, quien en dicha fecha era funcionaria del mismo, le roba un ‘piquito’ de acuerdo a sus términos, y luego realiza acciones consistentes en efectuarle tocaciones, por lo que la víctima queda shockeada producto de todo esto, y logra salir de la sala de audiencia del tribunal y cuenta posteriormente lo que ocurrió".
El fiscal Martínez fundamentó la acusación, afirmando que al magistrado "se le formaliza por el delito de abuso sexual, en este caso con una circunstancia bien en particular que es la incapacidad de poder oponerse por parte de la víctima, fundada justamente en este vínculo de subordinación del juez formalizado, recibía instrucciones del mismo y el imputado se aprovecha de la vulnerabilidad que provoca en la subalterna esta diferencia, y para realizar y cometer este delito".
De acuerdo al persecutor, la víctima, luego de perpetrado el ataque sexual del magistrado, "se acerca inmediatamente a otra funcionaria al interior del tribunal, quien la puede observar que se encontraba afectada por lo que le acababa de ocurrir, y ahí cuenta en parte lo que le había ocurrido".
El encargado de la Unidad de Delitos Sexuales sostuvo que el relato de la afectada "se ve corroborado de distintas maneras y por diversos testigos a quienes la víctima ha contado lo ocurrido con el paso del tiempo, tanto a su familia como a compañeros de trabajo".
A lo anterior se suman las pericias de evaluación de su testimonio por parte de la Policía de Investigaciones, "donde concluyen que se trataría de un hecho real y evidenciado".
El fiscal Martínez precisó que "la víctima resultó con sintomatología asociada directamente a estos hechos, como trauma por estrés post traumático que se le diagnostica por parte de un psicólogo, vale decir, son diversos los antecedentes que se van sumando y que le otorgan credibilidad a la víctima".
En la audiencia de formalización realizada en el tribunal angelino, se fijó un plazo de investigación de tres meses y se decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima mientras se desarrollen las diligencias debido a que "existían requisitos suficientes y antecedentes suficientes para considerar la existencia del delito, como la participación del imputado", según el fiscal a cargo de la causa.
Si bien la fiscalía y la abogada representante de la víctima solicitaron la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de salir del país, el tribunal de garantías desestimó la petición debido a que presenta un domicilio conocido y se ha mantenido en labores como juez por más de 30 años en la comuna.
