Este martes 19 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, se reanudará la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La audiencia, presidida por el juez Mario Cayul en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tendrá como objetivo principal determinar las medidas cautelares que recaerán sobre el acusado.
El equipo legal de Monsalve, encabezado por los abogados María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias, será el encargado de presentar argumentos en defensa del exfuncionario para evitar que quede en prisión preventiva.
Filtraciones y declaraciones cruzadas: un caso rodeado de polémicas
El caso se desarrolla en un contexto de filtraciones de la carpeta investigativa, que incluye informes de la Policía de Investigaciones (PDI), declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad.
Estas revelaciones han generado cuestionamientos hacia el Gobierno, en particular hacia el presidente Gabriel Boric, quien ha emitido declaraciones contradictorias sobre el caso.
Por un lado, Boric afirmó el 18 de octubre en un punto de prensa que tenía conocimiento de la denuncia contra Monsalve, pero no de los detalles. Sin embargo, en una declaración posterior a la Fiscalía, realizada el 29 de octubre, señaló que había sido informado de que Monsalve solicitó a la directora de inteligencia de la PDI revisar las cámaras del Hotel Panamericano. Este punto ha sido señalado como un posible abuso de autoridad por parte del exsubsecretario.
El mandatario comentó en su momento:
No obstante, en su testimonio ante los persecutores, Boric reconoció que la solicitud para revisar las cámaras podría implicar un mal uso de las facultades de Monsalve, lo que aumenta la tensión sobre el caso.
Lo que está en juego
La audiencia de hoy no solo definirá el futuro procesal de Manuel Monsalve, sino que también podría tener implicancias políticas para el Gobierno, considerando las dudas en torno al manejo de información y posibles conflictos de interés.
La instancia será clave para esclarecer los hechos y establecer las medidas cautelares correspondientes, en un caso que sigue captando la atención de la opinión pública y que podría marcar un antes y un después en la gestión de este tipo de denuncias dentro del aparato estatal.
