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El gobierno informó este jueves que solicitó formalmente el proceso para la disolución de la Fundación ProCultura, tras detectar serias irregularidades en su funcionamiento.
La solicitud fue remitida al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia y su Departamento de Personas Jurídicas.
La medida se tomó luego de una exhaustiva fiscalización que arrojó diversos antecedentes sobre posibles infracciones y conductas indebidas en la gestión de recursos públicos por parte de la organización y sus integrantes. La fundación, creada en 2010 por Alberto Larraín, es una de las entidades investigadas en el marco del Caso Convenios.
De acuerdo al comunicado oficial, durante el proceso de revisión administrativa se solicitaron múltiples documentos a la entidad sin obtener respuestas satisfactorias. En muchos casos, la información fue entregada de manera parcial, incompleta o simplemente no fue remitida, lo que impidió un análisis integral de su funcionamiento.
Frente a esta falta de colaboración y a los hallazgos detectados, el Ministerio concluyó que la fundación ha desviado su actividad hacia fines distintos a los estipulados en su misión original. Además, se identificó un uso desproporcionado de recursos en honorarios y personal, sin vínculo claro con los objetivos sociales para los que fue constituida.
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