Una curiosa votación se llevó a cabo el pasado martes al interior del Concejo Municipal de la comuna de Quilleco. Esto, debido a que se aprobó un multimillonario presupuesto para la construcción de casetas sanitarias a una cuestionada empresa.
Para entender los hechos hay que remontarse al día 8 de noviembre del 2014. Durante esa jornada, el alcalde Rodrigo Tapia demandó a la Empresa Constructora Figuz S.A, representada legalmente por José Fica Toledo. La medida interpuesta en el Primer Juzgado de Letras de la ciudad de Los Ángeles fue por la construcción de casetas sanitarias en la localidad de Canteras, cuya licitación pública, identificada como ID 3652-5LP11, se adjudicó por más de 2 mil millones a esta compañía.
En el escrito presentado en tribunales se argumentó un atraso de 18 días en las obras, que debían estar listas el 21 de febrero del 2013, pese a que fue entregada el 11 de marzo del mismo año. De igual forma, se argumentó la existencia de multas a Figuz por no mantener vigente la boleta de garantía exigida en las bases de licitación para una correcta ejecución del proyecto.
Como lo indica la demanda en la página 5, la empresa constructora Figuz S.A debe pagar la suma de $101.119.932 por concepto de multas aplicadas al contratista por el retraso en la ejecución de las obras, así como también en la entrega de la boleta de garantía de correcta ejecución de las obras.
“Se detalla el estado de pago a favor de los contratista y el descuento por obras no ejecutadas por este mismo. De todo lo cual resulta el saldo a pagar por la demanda”, indica la acción judicial.
La Tribuna consultó en el Juzgado de Letras de la ciudad de Los Ángeles sobre el estado de la causa, en donde se evidenció que el representante de Figuz, José Fica, fijó domicilio en la ciudad de Iquique y, según indicó el receptor judicial, Patricio Cáceres, quien acudió al lugar por orden del Segundo Juzgado de Letras de Iquique, “no es persona conocida en el lugar”.
Tras este exhorto negativo, el abogado de la municipalidad de Quilleco informó un nuevo lugar de domicilio de Fica en la ciudad de Chillán, sin embargo, según constató La Tribuna en el expediente, a la fecha no ha sido notificado.
LA CUESTIONADA VOTACIÓN DEL CONCEJO
El 18 de febrero de este año se creó la licitación 3652-11-LP15 para la construcción de casetas sanitarias, esta vez en localidad de Villa Mercedes, comuna de Quilleco, la cual fue adjudicada por $ 3.968.236.868 a la misma empresa que tiene una demanda, es decir, a la Constructora Figuz S.A, único oferente de la licitación.
Esta adjudicación, que fue aprobada en el recién celebrado Concejo Municipal de abril por 4 votos a favor de los ediles Sergio Espinoza (DC), Carlos Muñoz (RN), Cardenio Valenzuela (Independiente) y Carlos Villanueva (DC). Sin embargo, la medida tuvo un voto en contra por parte del concejal Manuel González Abuter de Renovación Nacional, y una abstención de la socialista Pamela Vial.
En conversaciones con el edil, González comentó que “no voté en favor, ya que, como presidente de la Comisión de Obras, estoy al tanto del proceso judicial que existe en tribunales. Sumado a que hay elementos que no me cuadran. Tengo un acta de la comisión territorial que fue entregado al Concejo, en donde se plasmó que la comunidad en el invierno pasado reclamó por filtraciones de agua en el alcantarillado de Canteras que realizó esta empresa”, recalcó.
LA CONEXIÓN CON EL EX ALCALDE DE LAJA
Otros de los elementos que destacan en el proceso de adjudicación gira en torno al representante legal de la empresa Figuz, José Fica Toledo, quien es hermano de Vladimir Fica Toledo, ex alcalde de Laja, quien perdió las elecciones el 30 de octubre del 2012 ante el actual edil José Pinto.
Bajo la administración de Fica fue contratado el 27 de enero del 2012 Patricio Muñoz Poblete, a cargo de la Secretaría de Planificación con grado 8. El mismo profesional actualmente se desempeña como director de la Secretaría de Planificación de la municipalidad de Quilleco, quien es precisamente el responsable de contrato de la licitación que bordea los 4 mil millones de pesos, según lo informa la licitación disponible en la página de Mercado Público.
Pese a que la empresa no está impedida legalmente de participar en el concurso público, ya que, como lo indican las bases, sólo es impedimento “haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal, registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM”, entre otros requisitos.
La Tribuna intentó contactar al actual alcalde de la comuna, Rodrigo Tapia, quien figura en la demanda de 2014 y presidió en Concejo Municipal que aprobó la millonaria inversión. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no ha sido posible obtener su versión de los hechos.