El obispo de la Diócesis de Santa María de Los Ángeles, monseñor Felipe Bacarreza, detalló algunos de los principales puntos que fueron motivo de críticas en el documento firmado por 34 obispos, arzobispos y administradores de diócesis de la Iglesia Católica, el cual fue dado a conocer hace unos días.
Denominado “Los obispos de Chile frente a la propuesta constitucional”, la declaración fue elaborada ad portas del plebiscito que tendrá lugar el 4 de septiembre respecto al texto de nueva Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional.
En 35 puntos, además de poner énfasis en que sea un voto informado y a conciencia, también se expresan puntos críticos contenidos en el texto constitucional.
Aunque monseñor Bacarreza sostuvo que “hay que votar en conciencia. Cada uno, en el secreto de su conciencia, verá lo que Dios le pide”, explicitó que la opinión es para “los fieles cristianos, es a quienes tienen la fe cristiana”.
Precisó que “no nos metemos en temas discutibles, como lo son los asuntos económicos o la parte política, porque puede haber católicos que piensen una cosa y otros que tengan una opinión distinta”.
“Nosotros - añadió - nos metemos en los temas que son de fe y moral. El marco que se va a dar para el desarrollo del país en esas dimensiones compete a los obispos decir qué de coherente con la fe cristiana y qué no lo es”.
A su juicio, “el punto principal que inspira todo el documento es una antropología que no es cristiana. No considera a Dios para nada, no lo tiene en cuenta. Por lo tanto, introduce algunas normas que son el marco a las normas legales que van a regir el país, que son contrarias a la ley de Dios”.
En ese marco, argumentó que “un católico coherente tendría que decir que Dios creó al ser humano y le dio ciertas normas para su felicidad y desarrollo integral. En esta constitución se están proponiendo normas humanas que son contrarias a la ley de Dios”.
DOCUMENTO
“Apreciamos el texto constitucional en su propuesta sobre los derechos sociales, el medioambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios. Y hacemos una valoración negativa de las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa”.
Además, plantea que el texto de nueva constitución incorpora contenidos que “tienen una especial radicalidad antropológica”, detallando los puntos que rescatan de la propuesta y los que motivan su preocupación. Tras ello, desarrollan esos “temas esenciales, con la finalidad de contribuir al discernimiento”.
En ese desarrollo, señalan que la norma sobre el aborto “es la disposición de mayor gravedad moral contenida en el proyecto constitucional”.
Los obispos advierten que “aun entendiendo que hay, a veces, situaciones complejas en las que se engendra una nueva vida, no hay que olvidar que el embrión es un ser humano al que se le debe reconocer los derechos inalienables de la persona”.
“Llama la atención que la propuesta constitucional reconozca derechos a la naturaleza y exprese preocupación por los animales como seres sintientes, pero no reconozca ninguna dignidad ni ningún derecho a un ser humano en el vientre materno. Y esto da a la propuesta una impronta deshumanizante, porque deja indefensos a los seres humanos más frágiles y propone como solución a un problema real un acto violento”, sentencian.
A juicio de los obispos, la propuesta de nueva Constitución “asume una orientación cuestionable de la educación sexual donde los padres participan de una forma muy insuficiente, y promueve una teoría radical de género”
Asimismo, aseguran que hay un “desigual trato constitucional a la educación particular subvencionada”, con un “un silencio manifiesto” en el texto respecto al sector.
“El Estado tiene deberes de rango constitucional no sólo con los estudiantes de sistema público, sino con todos los estudiantes del país, por lo que debería consagrar igualmente el apoyo y fortalecimiento de establecimientos educacionales no estatales”, plantean.
Sin embargo, catalogan como “esperanzador el compromiso de garantizar una amplia gama de derechos fundamentales, humanos y sociales, como la educación, el trabajo, la vivienda digna, la propiedad, la salud y el bienestar integral, la igualdad y no discriminación, la seguridad (pública, social, alimentaria e informática), entre otros”.
En ese marco, “destacan, de manera especial, los derechos de los adultos mayores, de personas con discapacidad y de personas privadas de libertad. También es valorable la preocupación por la protección del medioambiente y la naturaleza”.
Sobre la plurinacionalidad, señalan que “un criterio de discernimiento, es apreciar si la integración e interdependencia entre estos pueblos y el país en su conjunto está bien lograda en el texto constitucional, si es pertinente reconocer naciones indígenas con autogobierno y autodeterminación en ámbitos sensibles, que podrán participar “si así lo desean en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.
Con esta lógica, se añadió, “es posible pensar en un conjunto de naciones dentro de Chile, las cuales podrían determinar su relación con el resto del país de modo autónomo y, a la vez, consagrado en la Constitución. Para la Iglesia, es posible desarrollar relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo desde visiones culturales diferentes”.