Dentro de la jornada del pasado viernes y a nueve meses de haber asumido el poder, el Presidente Gabriel Boric indultó a doce personas condenadas dentro del estallido social y a un frentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) condenado el año 2013.
Boric, quien se refiere a los internos como “presos de la revuelta” argumentó que esta decisión lleva dentro de la carta de La Moneda desde su llegada al poder. Este indulto se realizará a través del decreto ley 18.050. Esta ley, promulgada en 1981 y modificada el 2011, establece que si existieran personas que cumplan con los requisitos establecidos, el Presidente de la República tiene la facultad de redimir, sustituir o reducir su pena. Sin embargo, esto no quita su característica de condenado, sino que establece un recurso que garantiza su reincidencia social, entre otros aspectos.
Inicialmente, el Gobierno informó que serían 11 el total de condenados que fueron indultados por el Presidente, pero luego de una corrección, se aclaró que en realidad, son 13 los beneficiarios. El Ministerio de Justicia argumentó que por error, “la lista había sido enviada de manera incompleta”.
LA POLÉMICA TRAS LA DECISIÓN
La respuesta de la oposición fue inmediata: Estaban en un claro desacuerdo con la determinación y condenaron tajantemente los actos cometidos por los condenados. Entre ellos, la UDI recalcó su apoyo al acuerdo de seguridad impulsado por el mismo Gobierno, en caso de que, el indultar a los presos del estallido social, fuera un hecho. Tras esta noticia, suspenden automáticamente su participación en la mesa de acuerdo. La diputada del distrito 21 Karen Medina condenó la entrega de indultos presidenciales a las personas involucradas; el senador por la región del Biobío Enrique Van Rysselberghe calificó como una “pésima señal” la determinación presidencial, entre otros.
Esta medida se informaría durante el 23 de diciembre, pero debido al incendio de Viña del Mar, se pospuso hasta este viernes 30 de diciembre.