Un respaldo transversal tuvo en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto que crea un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.
La iniciativa fue aprobada en general en la Sala, en noviembre. En la ocasión se volvió a plantear la necesidad de que la propuesta cuente con el respaldo financiero del Ejecutivo. Esto, para permitir que la norma genere un apoyo real a las familias afectadas por este delito.
Frente a esto, el Gobierno se hizo parte del proyecto promovido por la Comisión de Mujeres. La principal modificación fue la creación del derecho a una pensión de las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida.
El beneficio se obtendrá desde que la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género notifique a quienes sean reconocidos en este marco. Se pagará hasta que la o el hijo de la víctima cumpla 18 años, siendo compatible con cualquier otra pensión o beneficio social.
El monto de la pensión ascenderá a $160.000 y será pagado de forma mensual a las y los beneficiarios. Su reajuste será el 1 de febrero de acuerdo al IPC determinado por el Instituto de Estadísticas.
Durante el debate en particular del proyecto, la comisión también aprobó otras indicaciones del Ejecutivo, representado por la ministra Antonia Orellana.
Una de ellas estableció que un reglamento regulará el pago de la pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento.
Asimismo, se respaldó una norma que garantiza el fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado. Para esto, la afectada deberá presentar al empleador la denuncia presentada ante las policías o el Ministerio Público.
La disposición también señala que el beneficio será retroactivo para quienes, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos. Además, establece que el gasto fiscal que irrogue su aplicación se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
La propuesta, que se encuentra con urgencia de discusión inmediata, debe ser analizada por la Comisión de Hacienda, antes de pasar a la Sala.
