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Este martes, la Cámara despachó a ley el proyecto que busca dotar a los funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones de nuevas herramientas en la identificación de personas migrantes irregulares o con permisos de residencia vencidos.

De esta manera, la sala de la Cámara ratificó las modificaciones hechas por el Senado al texto legal, dejándolo en condiciones de ser promulgado.

Por 84 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones, la sala de la Cámara baja respaldó el proyecto que amplía las facultades del control policial para medidas de migración y extranjería.

En esta línea, la norma modifica la Ley 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación. Además, mejora la persecución penal en dichos delitos.

¿En qué consiste esta ampliación?

Las modificaciones aprobadas por la sala apuntan básicamente a tres aspectos. El primero de ellos suprime el tiempo acotado de una hora, para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI, a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.

El segundo suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación.

En tanto que, el tercero dice relación con las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas; otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, mientras se encuentre vigente el decreto que las faculta para ello.

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que la norma busca resolver un vacío en nuestra legislación, ya que actualmente sólo la PDI puede actuar como policía contralora frente a alguna situación irregular pues Carabineros no tiene atribuciones para ello.

Asimismo, Tohá advirtió que los cambios hechos en el Senado complican la iniciativa o le hacen cambios que no aportan, como, por ejemplo, "dejar un plazo indefinido puede generar complicaciones, porque no es posible dejar retenida a una persona por un tiempo indeterminado".

A esto sumó que, si bien el proyecto es positivo en su objetivo, es posible que pueda ser objetado y llevado al Tribunal Constitucional; debido a disposiciones complejas que trae en sí.