El Presidente Gabriel Boric, junto con la ministra del Interior Carolina Tohá y el ministro de Justicia Luis Cordero, promulgaron en Viña del Mar una nueva ley que fortalece la persecución de delitos asociados al narcotráfico y crimen organizado. Esta ley establece una regulación clara para el destino de los bienes incautados, y busca fortalecer las instituciones encargadas de la rehabilitación y reinserción social. Con esta nueva normativa, se espera mejorar significativamente la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país.
"LE PEGA AL NARCO DONDE MAS LE DUELE"
La diputada del distrito 21 Joanna Pérez se refirió a la promulgación de esta nueva iniciativa legal, donde destacó el trabajo legislativo desarrollado para sacar adelante esta nueva ley, que busca aumentar las penas y resguardar a las víctimas y testigos de este tipo de delitos.
La parlamentaria indicó que la promulgación de esta nueva ley permitirá no sólo la persecución de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado: "La promulgación de la ley antinarco es una muy buena noticia para el país. Hemos trabajado en ella de forma transversal, permitiendo no sólo la persecución de esta clase de delincuencia -tan presente hoy en el país- sino creando nuevos tipos penales como la asociación criminal y asociación delictiva, subiendo las penas, protegiendo a las víctimas y testigos, mejorando la investigación con nuevas técnicas".
En esa línea agregó que "además, pega al narco donde más le duele: En el decomiso de sus bienes, quitándole el patrimonio que ha conseguido de forma ilegal y criminal".
Junto con ello, la parlamentaria se refirió al trabajo de deberá desarrollar la justicia en aplicar esta nueva normativa legal, "sin duda va en la línea de lo que debemos hacer con urgencia, es de esperar que el Ministerio Público y jueces la valoren y apliquen con rigurosidad porque consagra instrumentos para bajar la criminalidad y fomenta la paz que todos queremos", enfatizó.
DETALLES DE LA NUEVA LEY
Según se dio a conocer este martes, la ley busca, entre otras cosas, regular el destino de los bienes incautados en delitos, y pone el foco en el comiso de bienes, incluidos inmuebles, lo que permitirá cortar el financiamiento de quienes se dedican al narcotráfico, también establece la obligación a nuevos sujetos a reportar sobre sus actividades comerciales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La nueva norma sanciona a quien administre a terceros, sustancias ilícitas sin su consentimiento, y las penas, en este caso, pueden llegar a presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años) si se usa violencia o intimidación para administrar u obligar el consumo. Además, castiga a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica.
La ley también establece que si algún delito relacionado a las drogas se comete valiéndose de un menor de 18 años o personas exentas de responsabilidad, se aumenta en un grado la pena. A su vez, la pena aumentará en dos grados, cuando se proveyere de armas de fuego a menores de edad para alcanzar fines delictivos.
Entre los instrumentos incautados se incorporan bienes muebles e inmuebles, que el juez de garantía podrá destinar provisionalmente a petición del Ministerio Público. Igualmente, se podrán destinar a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro. Se exigirá que su objetivo institucional sea la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción.
Con estas modificaciones, las unidades policiales podrán ocupar, por ejemplo, un inmueble que fue decomisado a un narcotraficante por ser fruto del narcotráfico, mientras dura el juicio. La nueva ley introduce mejoras en los procesos para la enajenación temprana de bienes, posibilitando que el SENDA pueda solicitar esta enajenación.
