Luego de dos semanas de analizar a fondo y escuchar las exposiciones de diversos invitados, la comisión encargada de revisar el libelo presentado por la oposición en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (RD), rechazó la procedencia de la acusación constitucional.
Luego de esto, la instancia conformada por los diputados Tomás Hirsch (PH), Héctor Ulloa (PPD), Juan Santana Castillo (PS), Gloria Naveillán (Comité Social Cristiano) y Miguel Ángel Becker (RN) enviará un informe no vinculante para recomendar a la Sala de la Cámara Baja que el libelo acusatorio sea rechazado, votación que tendrá lugar este miércoles 12 de julio.
DICEN QUE ACUSACIÓN NO TIENE SUSTENTO
Así, el jefe de Educación enfrentará este miércoles en el hemiciclo el libelo acusatorio presentado por la oposición, en un escenario que se presenta incierto para el titular de la cartera. La definición estará marcada por una medición de fuerzas entre la oposición y un oficialismo golpeado por el escándalo de presunta corrupción que investiga el Ministerio Público a propósito de los traspasos entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones sin fines de lucro, cuyo epicentro es RD, partido donde además milita el secretario de Estado. Desde La Moneda han salido a marcar la motivación -a su juicio- "homofóbica" que habría detrás de la acusación. En su habitual vocería de los lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fustigó la arremetida opositora y aseguró que carecía de sustento político jurídico.
"No hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico. Entonces para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado", enfatizó Vallejo. Incluso a este relato se sumó la noche del lunes el Presidente Gabriel Boric, quien iniciará este miércoles una gira por Europa, cuando a través de redes sociales publicó el video de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, quien fue invitada a la comisión encargada de analizar la admisibilidad del libelo acusatorio.
APUNTAN A ACTIVISMO LGBTIQ+ DEL MINISTRO
En el video, Aranda, quien fuera promotora del "Bus de la Libertad", sostuvo ante los diputados que "él (Marco Antonio Ávila) hoy día su activismo LGTBIQ+ y su condición ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas, tomando esa posición por ejercer ese activismo". El jefe de Estado respondió a estas palabras diciendo que "las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Esto no debería ser aceptable en nuestra sociedad".
El libelo acusatorio contaría con el respaldo de la mayoría de las bancadas de oposición e incluye siete capítulos de presuntas infracciones a la Constitución en las que habría incurrido el titular de Educación en el ejercicio de su cargo, un récord de causales en comparación a otros ministros de la cartera que fueron acusados. Pese a que la idea de acusar constitucionalmente a Ávila rondó bastante tiempo entre la oposición, el detonante de la acción fue la polémica suscitada a partir de los programas de educación sexual y de género que impulsa la cartera que, según los acusadores, atentaría contra el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
ACUSAN INFRACCIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN
"Ante la inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos..., asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal, es que se formula una acusación constitucional", señala la minuta difundida en su momento entre diputados de oposición. En el segundo capítulo del texto se indica que existiría una infracción del derecho preferente a propósito de las guías ("Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile"), que fueron actualizadas en mayo pasado, suprimiendo los aspectos más polémicos, como los ejercicios para menores de edad. No obstante, no se incluirá el episodio de abusos denunciados en una escuela en Talcahuano, en el marco de un operativo de salud, ya que era responsabilidad de la municipalidad y de las autoridades sanitarias locales.
El punto III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la "Política de Educación Inclusiva". El capítulo IV menciona una infracción al rol de la autoridad y conducción del sector educativo, lo que incluye temas como el retraso injustificado en entregar los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.