Política

Comisión revisora rechaza el libelo de la acusación constitucional contra ministro de Educación

El documento solo obtuvo la aprobación de Miguel Ángeles Becker (RN) y Gloria Naveillán (IND).

Ministro Marco Antonio Ávila, La Tercera
Ministro Marco Antonio Ávila / FUENTE: La Tercera

Tras la votación de la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de analizar la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, rechazó el libelo acusatorio con tres votos contra dos.

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El documento solo obtuvo la aprobación de Miguel Ángeles Becker (RN) y Gloria Naveillán (IND).

De esta manera, el recurso presentado por parlamentarios de oposición no alcanzó el apoyo esperado. Sin embargo, ésta no es vinculante por lo que será enviado a la Sala con informe negativo, con el objetivo de que este miércoles 12 de julio se someta a votación.

Previo a la votación, el abogado del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó a la comisión revisora su intención de declarar inadmisible la acusación constitucional.

"Esta acusación está plagada de discrepancia con la gestión del ministro. La acusación constitucional no puede fundarse en la discrepancia con la agenda o no de un determinado Gobierno", argumentó la defensa de Ávila.

¿Qué viene ahora?

A pesar de los resultados de la votación, el texto pasará este miércoles a la Sala de Diputados y Diputadas para ser discutido. 

En la instancia, la defensa del ministro Ávila podrá apelar a la denominada "cuestión previa", la que apunta a que el libelo no cumple con los requerimientos formales para su presentación.

De no ocupar este recurso, se pasaría directamente a discutir el fondo de la acusación, capítulo por capítulo.

De ser acogida por la Sala, pasará al Senado que actuará como jurado y, de volver a ser aprobada, el secretario de Estado será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

Vale destacar que la acusación está compuesta por siete capítulos, los principalos están asociados con la vulneración al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y el incumplimiento del rol de supervigilancia del Mineduc, como en el caso de la Junaeb.




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