La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó a Sala el proyecto que busca sancionar como falta el porte de combustible injustificado. Específicamente, los que sean aptos para la comisión de atentados contra las personas u ocasionen daño en las cosas, durante reuniones en lugares públicos.
La norma fue presentada en la instancia por la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al jefe jurídico de la cartera, Rafael Collado. La ministra enfatizó que la norma se enmarca en el contexto de las manifestaciones públicas. Esto, en el sentido de proteger a quienes se manifiestan de forma pacífica y sin armas, así como también a las fuerzas de orden que intervienen en estas movilizaciones, como a terceras personas que están en el contexto de éstas.
La norma original establecía una sanción al porte de combustibles, junto a la facultad de detener a la persona que cometa la sanción. A través de una indicación, se estableció que la multa por esta falta sea de 20 UTM (1 millón 280 mil pesos app.)
PORTE DE COMBUSTIBLE
Sin embargo, el trabajo legislativo en la comisión fue más allá de lo propuesto por el Gobierno. El diputado Andrés Longton (RN) presentó una indicación con el objetivo de detener a quienes porten los implementos dispuestos para fabricar bombas incendiarias.
La pena para este delito sería de presidio menor en su grado mínimo a medio (de 61 días a tres años). Esto sin perjuicio que pueda derivar en tentativa o comisión frustrada de un delito distinto, en cual caso se aplicará la pena de mayor entidad.
La propuesta del parlamentario generó inquietud en la comisión y el Ejecutivo. De hecho la presidencia de la instancia la declaró inadmisible. Sin embargo, en votación, la mayoría de los integrantes revirtió la calificación asignada.
A raíz de lo anterior la ministra señaló que hará reserva de constitucionalidad del texto. Lo anterior porque los cambios estarían fuera de la idea matriz del proyecto e incluso modificarían una norma diferente. Señaló además que la norma aprobada no hace referencia a un contexto de manifestación social, lo que podría provocar detenciones injustificadas.