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La directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo e integrante de la comisión experta, Bettina Horst, consideró que el texto elaborado por la Comisión Constitucional impulsa el desarrollo, protege los derechos y libertades, al mismo tiempo que promueve la estabilidad política y económica.
La experta estuvo en Los Ángeles donde ahondó en el texto propuesto, el cual se plebiscita el próximo 17 de diciembre, sacando las distinciones y la discusión que hubo en torno al proceso este año y recalcando que se diferencia de la iniciativa propuesta por la Convención Constitucional - que fue rechazada - ya que "recogía una ideología del decrecimiento y donde no se ponía énfasis en la necesidad del desarrollo del sector privado".
A su juicio, "buena parte de las normas que hoy se presentan en la propuesta también se recogen en la constitución vigente", como lo referido a "permitir y darle un ‘rayado de cancha’ al desarrollo del sector privado".
La experta detalló que, en línea con lo anterior, en la propuesta actual "se consagra la libertad de la iniciativa particular, con el borde del respeto del medioambiente y otros derechos fundamentales de la constitución".
La directora ejecutiva de LyD afirmó que la propuesta plantea no tener "un Estado que sobre-regule ni ahogue la iniciativa privada o amenace con que el Estado compita con preferencia en sectores donde hoy el sector privado es importante".
Por otro lado, Horst destacó que "contar con un Banco Central autónomo, que nos ha permitido lograr un nivel de inflación bajo y estable, en esta propuesta constitucional se consagra y se fortalece".
Para la experta, "en la medida que se apruebe esta propuesta constitucional, se espera que se reforme nuestro actual sistema político, que ha cambiado la forma de elegir el Congreso y llevado a un fuerte fraccionamiento".
A su juicio, lo anterior "ha dificultado aprobar reformas necesarias para la estabilidad y destrabar materias relevantes para el desarrollo futuro del país".
También se refirió a cómo se regulaba el derecho de propiedad y las expropiaciones, asegurando que "hoy lo que se consagra (en la propuesta actual) es que la expropiación tiene que hacerse en función del daño patrimonial efectivamente causado".
A su juicio, "es la contra-cara de un Estado Social de Derecho, donde se reconoce a nivel constitucional la política social que se ha venido desarrollando en las últimas décadas" con el añadido que "genera las bases para generar políticas públicas que apuntan al crecimiento y desarrollo económico".
También mencionó otros aspectos, como la política fiscal asegurando que "ahora se consagra, en materia de gasto, que solo el Presidente de la República puede modificar las leyes, mientras en el texto rechazado había matices de iniciativas desde el Congreso para aumentar el gasto público".
La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo indicó que "son distintas normas, que en su conjunto confluyen a un escenario y una institucionalidad que permita avanzar en una política fiscal responsable, un Banco Central autónomo y un poder legislativo con incentivos a colaborar en base a consensos más amplios".
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