Este lunes 4 de diciembre, los integrantes de la Comisión contra la Desinformación -iniciativa impulsada por el Gobierno- entregaron el segundo y último informe, luego de tres meses de análisis de experiencias internacionales y consultas con especialistas.
El informe final incluye medidas de diversa índole para enfrentar la complejidad de este fenómeno en redes sociales. Además, en el texto destacan la importancia de mantener un espacio cívico abierto y afirman que su trabajo se basó en nueve principios para garantizar que las recomendaciones que proponen protejan los derechos fundamentales y fortalezcan la democracia.
En este contexto, la ministra Secretaria General de Gobierno agregó que la iniciativa "es una puerta de entrada a una discusión mucho más grande, probablemente mucho más profunda y dinámica en materia de plataformas digitales".
Cabe destacar que, la comisión asesora inició su trabajo en junio de 2023 dentro del Ministerio de Ciencia con el objetivo de asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en materia de desinformación, calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales. Además de entregar recomendaciones sobre políticas públicas relacionadas al área.
La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, destacó, por su parte, que el informe "es un valioso insumo que tiene información atingente", no solo para el Gobierno sino también para la sociedad civil, universidades, entre otros.
De acuerdo a su decreto de creación, la Comisión debía emitir dos informes, el primero asociado a conocer el estado actual del fenómeno; y el segundo para entregar orientaciones que permitan hacer frente al fenómeno global de la desinformación.
Sobre esta línea, la Comisión redactó 72 recomendaciones que apuntan a la coordinación internacional, contexto chileno, desinformación en procesos electorales, ciberseguridad, frente a crisis y desastres, salud pública, de género, alfabetización mediática, informacional y digital, fortalecimiento de los medios como una herramienta contra la desinformación, y por último, investigación en desinformación y pluralismo.
"El tema es realmente de multilateralismo, de democracia y un tema de derechos humanos. Este esfuerzo colectivo es un puntapié que da cuenta de lo responsable que está siendo nuestro país en abordar este tema", señaló Vallejo.
¿Cuáles son las recomendaciones?
El informe hace énfasis en recomendaciones referidas a plataformas de redes sociales. Entre ellas menciona: crear un mecanismo de coordinación multisectorial; avanzar en una política de trabajo hacia la gobernanza de plataformas de redes sociales; exigir mayor transparencia de algoritmos, e implementar códigos de buenas prácticas contra la desinformación.
En este contexto, el texto también recalca la necesidad de avanzar en la actualización de la legislación de protección de datos personales.
En cuanto a ciberseguridad recomienda mayor coordinación entre instituciones de ciberseguridad y plataformas, incorporar protocolos de análisis interno en diversas instituciones y catalogar los sistemas informáticos en contextos electorales como infraestructura crítica de la información, entre otras observaciones.
Algunas de las sugerencias sobre procesos electorales incluyen: incorporar a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios una mención expresa a la regulación de la publicidad en plataformas de redes sociales digitales, además de entregar facultades al Servel para denunciar campañas de desinformación contratadas por actores no registrados. Asimismo, sugiere que las plataformas digitales de redes sociales supervisen el avisaje político que transmitan.
La comisión también hace énfasis en la importancia de la cooperación internacional en esta materia, por ser la desinformación un fenómeno global. Recomiendan que Chile participe en regulación multilateral y que transparente la actividad de cooperación internacional de Chile en estas materias.
Los integrantes de la comisión destacaron, en la introducción del documento, haber velado y resguardado su condición de ser una entidad integrada solo por académicas y académicos, investigadoras e investigadores, miembros de organizaciones no gubernamentales independientes y designados con prescindencia de sus preferencias políticas.