El enfoque de género en el marco de la actuación policial y la compatibilidad de su desempeño con el respeto a la Constitución y la ley. Esas temáticas fueron parte del debate en la última sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana que se enfocó al trámite del proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
El grupo parlamentario se pronunció sobre la supervisión de la labor que desarrollan las policías y fuerzas de orden y seguridad, con el objeto de garantizar que el ejercicio de sus roles esté en línea con el respeto a los DDHH, la Constitución y la ley vigente.
Al respecto, se debatió una norma específica sobre enfoque de género. Sin embargo, finalmente, se privilegió una propuesta más general. Lo anterior, en el entendido del respeto igualitario y universal de los derechos y garantías individuales.
Otro aspecto que no logró el respaldo suficiente fue el establecimiento de un canal de denuncia anónimo sobre conductas indebidas, dentro del ámbito administrativo y códigos de conducta. Ello, porque se consideró suficiente la existencia del estatuto del denunciante y otras herramientas legales vigentes.
Por contrapartida, sí se aprobó una norma habilitante para la existencia y coordinación del nuevo ministerio con la subsecretaría de prevención del delito. En ese plano, se respaldó también la posibilidad de que la cartera pueda requerir antecedentes a privados respecto de personas investigadas.
El proyecto, en segundo trámite legislativo, crea la nueva cartera con el objeto de mejorar el control institucional de las policías. Para ello se desprenden áreas desde el actual Ministerio del Interior. Además, se le entregan competencias y capacidades para evaluar la gestión financiera, administrativa, operativa y educacional de las policías. La idea es orientar su accionar hacia la protección de las personas.
Durante su tramitación, la norma ha sido objeto de diversas modificaciones que buscan mejorar la gestión de la nueva cartera. La idea es no debilitar al Ministerio del Interior con el traspaso de responsabilidades.
El objetivo es establecer con claridad cómo funcionará el sistema de seguridad pública, así como la interrelación con distintas instituciones. Así, la nueva cartera ejercerá un rol de control de las fuerzas de orden y seguridad pública. Por otro lado, coordinará estas materias con otros organismos de la administración de Estado y colaborará con entidades como el Ministerio Público, gobiernos regionales y municipios.
En este marco, se implementará, además del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un Consejo Nacional de Prevención del Delito. Ambas instancias contarán con un Comité Ejecutivo para concretar las acciones que se determinen en los consejos. Estas instancias serán replicadas a nivel regional y comunal.