Proyecto de ley busca ampliar sanciones a pasajeros y estaciones de servicio por accidentes de tránsito bajo estado de ebriedad

A poco de cumplirse 10 años desde la primera sentencia bajo la Ley Emilia, el diputado Diego Ibáñez presentó un proyecto de ley que busca reformar la actual normativa sobre conducción en estado de ebriedad.

La iniciativa pretende extender las responsabilidades más allá del conductor, promoviendo una cultura de prevención y responsabilidad compartida.

En el marco de las Fiestas Patrias, y tras un balance preocupante que indica 45 fallecidos en accidentes de tránsito, Ibáñez subrayó que las leyes vigentes, como Tolerancia Cero y la Ley Emilia, si bien han logrado reducir las muertes, presentan vacíos que requieren una actualización para mejorar la seguridad vial en Chile.

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El proyecto busca incluir agravantes para aquellos conductores ebrios que transporten pasajeros, así como facultar a las estaciones de servicio para negarse a vender combustible a personas en evidente estado de ebriedad.

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Prohibiciones adicionales y nuevas facultades

Entre las propuestas destacadas, la iniciativa plantea la prohibición de la compraventa, arrendamiento y comodato de vehículos a quienes tengan la licencia suspendida o inhabilitada. Asimismo, se sancionará a cualquier persona que suba a un vehículo conducido por un individuo en estado de ebriedad.

Además, las estaciones de servicio tendrán la facultad de denunciar a Carabineros a los conductores ebrios que intenten cargar combustible, ampliando las herramientas de control preventivo.

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Un enfoque preventivo que salva vidas

El proyecto también incluye la agravación de sanciones para quienes causen accidentes transportando pasajeros bajo los efectos del alcohol. Ibáñez destacó que "no es suficiente sancionar los accidentes una vez ocurridos; es esencial prevenir el riesgo para salvar vidas, reducir el sufrimiento de familias y evitar los altos costos sociales y económicos asociados a estos siniestros".

La presentación del proyecto coincidió con la conmemoración de 10 años del primer caso juzgado bajo la Ley Emilia, en el que Pablo Ascencio, de 24 años, fue la víctima fatal en Viña del Mar. Pedro Ascencio, padre de Pablo, desde Israel manifestó su apoyo a la iniciativa, aunque insistió en la necesidad de asegurar "juicios rápidos y condenas efectivas" para que las penas se apliquen sin interpretaciones que favorezcan a los infractores.

El proyecto será debatido en el Congreso en los próximos días, en busca de generar un cambio legislativo que refuerce la seguridad vial en el país.

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