Su preocupación por las cifras que entregaron expertos en materia de niñez y adolescencia ante la Comisión de la Familia, Infancia y Adolescencia manifestaron los integrantes de dicha instancia del Senado, en el marco del estudio del proyecto, en primer trámite, que armoniza tres cuerpos legales sobre la materia.
Se trata de la iniciativa, con urgencia calificada de "suma", que armoniza la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, la que regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados y la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que está siendo analizada en particular en dicha comisión.
En ese contexto, la comisión recibió en sesiones consecutivas al director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo; al gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez Ahumada; y a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos.
La presidenta de la Comisión, senadora Carmen Gloria Aravena, puso el foco en la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (NNA), declarando que de acuerdo a la información proporcionada "se estima que 6.000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. Una cifra horrorosa y que de alguna manera nos indica que no hemos hecho las cosas bien".
Este dramático dato estadístico fue complementado con la declaración de Marcelo Sánchez Ahumada quien mencionó que "aumentó en un 100% las estadísticas de explotación sexual comercial de NNA en 3 regiones del país".
Durante las sesiones se indicó a los senadores que faltan cifras actualizadas sobre NNA que sufren explotación sexual comercial; que el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores no ha podido operar; y que ha habido un aumento de niños que ingresan al sistema, lo que generó inquietud entre los integrantes de la comisión.
Por tanto, la senadora Aravena sostuvo que "cada vez que realizamos estas comisiones sabemos que estamos haciendo lo correcto avanzando en la armonización, pero también queda la frustración (...) siempre tengo la sensación de que no llegamos a tiempo".
El proyecto en cuestión busca modificar las leyes que regulan el sistema de protección a la niñez y adolescencia; así como también enmendar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Por ende, pretende resolver los problemas que se han detectado durante su primer año de funcionamiento y, además, tal como comentó el senador Matías Walker, integrante de la instancia: "buscar la protección real de los derechos de los niños que han sido vulnerados, por ejemplo, a través de la revinculación familiar. Hoy hay cuatro mil niños que están en una residencia y unos nueve mil en familias de acogida".
En esa línea agregó que "queremos que existan menos niños en residencias y esto tiene mucho que ver con la nueva ley de adopción que ya aprobamos en la comisión y también con la ley de presupuestos 2025, porque en muchas regiones, como Coquimbo, toda la labor se realiza con organismos colaboradores y por eso se requiere que tengan todas las certificaciones y el apoyo del estado", señaló. En esa misma línea, coincidió la senadora Loreto Carvajal, integrante de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia quien aseguró que "yo sé que el presupuesto siempre es un tema, pero ahí está la decisión política. (...) hoy día la carrera contra el tiempo es de tal magnitud que nos impone tomar decisiones políticas también más rápido".
PUNTOS RELEVANTES
En relación con las leyes vigentes, que igualmente fueron objeto de debate, el panorama se anticipa complejo al tomar en consideración la declaración de Claudio Castillo en el sentido que "en el 2007 uno de cada diez niños estaba en residencias. Hoy son cuatro de cada diez".
Este problema desencadena otra gran consecuencia, las largas listas de espera. Eran alrededor de 30 mil niños y adolescentes que, para inicios del año 2023, los que esperaban para ser atendidos en alguna de las distintas líneas de acción del Servicio Mejor Niñez, según informó la Contraloría General de la República.
Por lo que se refiere al Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores, el cual se encarga de coordinar el proceso de los organismos solicitantes de acreditación, Verónica Silva Villalobos dio a conocer que no ha podido operar desde el mes de junio, debido a tres renuncias del comité de expertos.
"Se hicieron dos procesos de concurso para el cargo de psiquiatra o especialista infantojuvenil, (...) no hubo postulantes que pudieran estar, lo que se constituye en un desastre", dijo la Subsecretaria de la Niñez.
Como acción remedial, la Subsecretaría de la Niñez le pidió a la Alta Dirección Pública (Servicio Civil) que concursara nuevamente los tres cargos restantes, al mismo tiempo. Este proceso que sigue en curso, y se encuentra en etapa de evaluación de sus respectivos postulantes. La magistrada sostuvo igualmente que "no se reguló suplencia(...) por tanto, si no hay quórum no pueden funcionar".
Por otro lado, la comisión determinó que el principal obstáculo para el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores es no tener los lineamientos suficientes para acreditar "calidad".
Para concluir, la presidenta de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, senadora Carmen Gloria Aravena declaró que el lunes 7 de octubre se recibirá nuevamente a la Subsecretaria de la Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Verónica Silva Villalobos, para que relacione los temas ya planteados con el presupuesto nacional previsto para el año 2025.