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La acción judicial se enmarca en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Santiago, por parte del Estado.
Cabe recordar que el pasado 10 de febrero, la misma sala del TC rechazó tramitar un recurso similar contra la secretaria de Estado. Sin embargo, en esta ocasión, el tribunal optó por dar curso a la solicitud, lo que abre un nuevo escenario en el debate sobre la legalidad de la operación inmobiliaria.
Los abogados que interpusieron la acción argumentan que Fernández firmó un contrato de compraventa por un monto de 933 millones de pesos con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que a su juicio constituye una infracción constitucional. Según los juristas, este hecho podría configurar una causal de inhabilidad para ejercer el cargo de ministra de Defensa.
De acuerdo con Palamara y Reid, la Constitución establece limitaciones claras para los altos funcionarios del Estado en materia de contratación con organismos públicos, con el fin de evitar posibles conflictos de interés. En este sentido, sostienen que la operación realizada por Fernández contraviene estas disposiciones y, por lo tanto, solicitan su inhabilitación.
Desde el Gobierno no han emitido declaraciones oficiales respecto a la admisión del recurso. No obstante, en instancias previas, la ministra Fernández ha defendido su derecho de guardar silencio de guardar silencio en medio de la investigación.
La decisión del TC de dar curso a la solicitud no implica una resolución inmediata sobre la inhabilidad de la ministra, sino que abre un proceso de revisión en el que el tribunal deberá evaluar los antecedentes presentados y determinar si corresponde o no su destitución.
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