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Los diputados Henry Leal (UDI) y Cristián Araya (Partido Republicano) han decidido llevar el tema a la Contraloría General de la República, argumentando que algunos de los nombrados no cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
De acuerdo con la normativa del Ministerio de Seguridad, quienes asuman estos cargos deben contar con al menos tres años de experiencia en materias relacionadas con seguridad o prevención del delito, o bien seis años de trayectoria profesional en otras áreas. Sin embargo, según los parlamentarios, esta exigencia ha sido pasada por alto en varios casos.
El diputado Henry Leal enfatizó que "es fundamental respetar la ley y garantizar que los nombramientos se realicen conforme a lo establecido", agregando que han solicitado información oficial al ministro de Seguridad, Luis Cordero, para conocer el perfil de los designados y evaluar sus competencias.
Uno de los ejemplos que mencionó es la designación en la Región de La Araucanía, donde, según sus palabras, "se ha nombrado a una periodista con una destacada trayectoria, pero sin conocimientos en seguridad".
Cristián Araya, en representación del Partido Republicano, anunció que presentarán un requerimiento formal ante la Contraloría para que revise la legalidad de estos nombramientos.
Desde la bancada de Renovación Nacional también han manifestado su preocupación. Previamente, enviaron un oficio al ministro Cordero cuestionando la designación del seremi de Seguridad en la Región Metropolitana, Jaime Fuentes, a quien acusan de haber defendido públicamente a personas condenadas por delitos cometidos durante el estallido social.
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