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La iniciativa, que actualmente se discute en el Senado, busca establecer mecanismos de resguardo para instalaciones estratégicas, pero su avance ha sido cuestionado por las autoridades ante hechos como el ocurrido en la zona cordillerana de Biobío.
Durante su visita a Los Ángeles, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, criticó la lentitud con que se tramita la normativa en el Congreso:
El proyecto, ingresado con suma urgencia el 22 de abril, está en su primer trámite constitucional en el Senado. Su objetivo es definir qué instalaciones son consideradas críticas —como centrales energéticas, hospitales y establecimientos educacionales— y establecer protocolos de protección.
Sin embargo, la diputada por el distrito 21 Biobío, Flor Weisse, aclaró a Diario La Tribuna que no debe confundirse con la Ley 21.542, promulgada en enero de 2023.
Weisse destacó que el proyecto en discusión es distinto: "Otra cosa distinta es el proyecto que está en tramitación, sobre protección de la infraestructura crítica, que busca definir áreas críticas y sus mecanismos de protección, como centros de salud, escuelas o centrales hidroeléctricas. Lo ocurrido en Rucalhue demuestra la urgencia de avanzar en esta normativa".
Mientras el Ejecutivo presiona por su aprobación, el atentado a Rucalhue ha reavivado el debate sobre la necesidad de acelerar una legislación que, según autoridades, podría prevenir futuros ataques.
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