La delegada presidencial provincial Paulina Purrán, anunció la extensión del contrato hasta el 31 de diciembre para los funcionarios de la salud a quienes se les comunicó el cese de sus labores debido al término de la alerta sanitaria por Covid-19. En el caso de la provincia de Biobío, se estimaba que más de 210 trabajadores iban a finalizar su prestación de servicios laborales el próximo 30 de octubre próximo.
Purrán detalló que esa decisión fue resultado de las gestiones realizadas en los días previos con los dirigentes del área de la salud de la provincia y con directivos de Hospitales del Servicio de Salud de Biobío "para buscar una solución que nos permita capear lo que iba a significar el despido de los funcionarios contratados por Covid".
"Así que tenemos una buena noticia a nivel provincial, porque los funcionarios que iban a salir tendrán un plazo mayor en el caso de nuestra provincia, de aquí al 31 de diciembre", indicó la delegada presidencial.
De acuerdo a la autoridad, eso significa que seguirán trabajando hasta el 31 de diciembre en el sistema de salud, aunque puso hincapié en que "debemos ser súper responsables en señalar de que estos funcionarios van a tener más plazo para buscar un nuevo trabajo".
En paralelo, añadió, los dirigentes a nivel nacional "van a buscar una solución definitiva que permita que los funcionarios del país y la provincia continúen en sus lugares de trabajo".
En ese marco, la autoridad reconoció el déficit de funcionarios de la salud que alcanza a 500 funcionarios de la provincia: "En nuestra provincia tenemos un déficit en el hospital de más de 500 funcionarios. Los que van a continuar al 31 de diciembre evidentemente han apoyado a que disminuyamos las listas de espera. En el caso del hospital, tenemos unos índices más altos, por lo que no queremos como provincia, disminuir el avance que hemos tenido en el área de la salud".
SEREMI DE SALUD
De manera más global, el seremi de Salud de la región del Biobío, Eduardo Barra, reconoció que esta situación "tiene mucho que ver con lo que hemos definido como Gobierno, la necesidad de llegar al acuerdo de un pacto fiscal. Lamentablemente no pudimos tener una reforma tributaria que nos permitiría estar hoy en un mejor pie desde el punto de vista económico para, por ejemplo, resolver los temas de brechas a nivel del sistema público de salud".
La autoridad precisó que aunque "terminamos una alerta sanitaria por Covid, no significa que haya acabado la enfermedad como tal (...) pero implica que, en la práctica, también todo el personal contratado hoy día lamentablemente tenemos que irlo liberando, si somos responsables con el dinero fiscal que tenemos para este efecto".
En cuanto a la eventual contradicción entre el despido masivo y la necesidad de más funcionarios y especialistas en el área de salud, la autoridad regional reconoció que "no le podemos mentir al país, como Gobierno responsable, y decirles ‘mire, vamos a mantener una alerta indefinida’, mientras las condiciones epidemiológicas ya no la ameritan. Esto claramente implica que debe irse un conjunto de funcionarios que estaban al servicio de esa alerta y estaban siendo remunerados con los recursos de esa alerta".
Por lo mismo, aseguró que el gobierno presentó una ley de presupuestos que considera el aumento de un 8,1% de los recursos en salud en comparación con los recursos del año anterior, cuyo objetivo es sostener al menos 6 mil funcionarios que hoy están siendo despedidos.
"La ley de presupuesto global de la nación que se ha propuesto significa el aumento del 3,5% en relación al del año pasado. Claramente es un aumento importante (...) y está precisamente orientado a responder las necesidades de nuestra ciudadanía en salud, vivienda, seguridad, educación y en una serie de áreas", concluyó Barra.
