Salud

Investigarán mortal contaminación de insumos médicos en Chile: Van 45 muertos confirmados

Las dos complejas situaciones tuvieron lugar en un plazo inferior a un año, afectando a entidades de salud como el Hospital de Los Ángeles.

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Contexto / FUENTE: Unsplash

En los últimos días la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó en torno a la bullada contaminación de insumos médicos en hospitales chilenos, la misma que a octubre de este año, según la Agencia Nacional de Medicamentos (Aname) del Instituto de Salud Pública (ISP), contabilizaba 45 personas fallecidas.

Durante la asamblea, se dio el visto bueno a la solicitud de conformar una nueva comisión especial para investigar los hechos que involucran a los laboratorios Difem Pharma y Laboratorio Sanderson S.A, puesto que se presume que ambos fueron afectados por la bacteria Burkholderia Cepacia.

"Primero, se detectó un brote en mayo de 2022 en productos del laboratorio Difem Pharma, y ahora en enero en Sanderson (...) En mayo pusimos en cuarentena 35 productos antisépticos, lo que significó la suspensión de 446 cirugías en un mes. Ahora, en septiembre, detectamos otro hallazgo de la bacteria burkholderia que sigue activo, con lo cual se cancelan 500 cirugías en un día", señaló la coordinadora ejecutiva de la Aname, Alma Belmar, durante las discusiones que presidió la Comisión de Salud del Senado en octubre de este año.

UN BREVE REPASO

Las repercusiones de esta contaminación se hicieron presentes en la comuna de Los Ángeles, cuando el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, el pasado mes de septiembre, debió suspender parte de sus intervenciones quirúrgicas programadas.

En aquella ocasión el malestar fue generalizado y llevó, incluso, a que el Colegio Médico Regional se pronunciara condenando los hechos: "Estábamos extremadamente preocupados por estas decisiones y comunicaciones erróneas que emite el ISP (...) Tomaron muy malas decisiones las cuales repercutieron en la salud de la comuna al tener que retirar medicamentos y suspender actividades. Eso impactó notablemente en la posibilidad de resolución quirúrgica por parte de todos los estamentos de salud", planteó en su momento el presidente de la entidad, el Dr. Luis Medina.

No obstante, la molestia de las distintas organizaciones ligadas a la salud no se determinó por la contaminación de los insumos médicos, por segunda vez en menos de un año, sino que hubo contradicciones por parte del ISP al momento de alertar a los distintos centros de atención del país.

Sin ir muy lejos, en los días posteriores se confirmó que el, en ese entonces, director del ISP, Rubén Verdugo, con tan solo cuatro meses de labores dejaba su cargo al ser apuntado desde el Ministerio de Salud como responsable de la emisión de los dos cuestionados comunicados.

COMIENZO DE LAS INVESTIGACIONES

De acuerdo con la misiva enviada al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes, "hasta la fecha existen 45 personas fallecidas, 786 casos sospechosos y 563 casos confirmados por el brote de bacteria del complejo de Burkholderia cepacia, que afectó a productos inyectables elaborados por el Laboratorio Sanderson, el que cubre y abastece el 70 % de dichos productos al sistema público".

"Los elementos contaminados perjudicaron la salud de muchas personas que resultaron intoxicadas e incluso con casos de resultados de muerte, además de consecuencias que aún no se han despejado del todo, considerando que hubo pacientes y sus familias, que no fueron informados respecto a la afectación que sufrieron producto de la bacteria", complementa el escrito.

Asimismo, se hace hincapié en que "los antecedentes que se han puesto a la luz pública respecto del laboratorio Difem datan del año 2021, por tanto se trata de irregularidades que traspasan la administración ministerial actual y la administración del otrora Director del ISP, Rubén Verdugo quien sólo llevaba cuatro meses en el cargo, luego de que el cargo estuviera con subrogación por años".

Con la aprobación de la conformación de una nueva comisión especial investigadora se espera que, en un plazo no superior a 60 días, se reúnan antecedentes relativos a los actos de Gobierno, particularmente del Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

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