A siete años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un 85% de las mujeres y niñas que solicitaron el procedimiento en los casos permitidos han decidido interrumpir su embarazo a nivel nacional.
Esta ley, promulgada el 14 de septiembre de 2017 por la expresidenta Michelle Bachelet, ha permitido a las mujeres tomar decisiones sobre su salud reproductiva en situaciones de violación, riesgo vital o inviabilidad fetal.
Desde la implementación del sistema IVE en 2018, y su actualización en línea en 2019, se han registrado hasta junio de 2024 un total de 4.553 interrupciones en todo el país. En la Región del Biobío, se han contabilizado 443 casos: 145 por riesgo vital, 202 por inviabilidad fetal y 96 por violación.
La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Contreras Pereira, destacó que "gracias a esta ley, hoy las mujeres tienen la posibilidad de decidir si quieren continuar o no con embarazos en circunstancias extremas. Las cifras nos demuestran que muchas deciden seguir con su embarazo, aunque un número mayor opta por interrumpirlo."
Por su parte, el Seremi de Salud, Dr. Eduardo Barra Jofré, añadió que, con esta ley, además, "las mujeres, niñas y adolescentes, pueden optar a recibir apoyo biopsicosocial, ya sea durante el proceso de decisión como posterior a este. Bajo este contexto, desde 2018 hasta junio de 2024 en la región del Biobío, se realizaron 2.127 atenciones y/o consultas psicológicas y psiquiátricas, a dupla psicosocial y trabajadores sociales".
Además, se ha anunciado una campaña de difusión sobre la Ley IVE, en colaboración con el Consejo Consultivo Minsal, para educar y orientar a niñas, adolescentes y mujeres.
La fiscalización de la ley se ha centrado en 36 aspectos críticos, con 5 visitas a centros de salud en 2024 y 4 en 2023, sin resultados de sumario. Los principales requisitos incluyen la correcta aplicación de las causales y el manejo de objeción de conciencia.
Recientemente, el Gobierno presentó modificaciones al reglamento de objeción de conciencia a la Contraloría General de la República, para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y mejorar la información y la atención a las mujeres afectadas.
La Ley IVE, que permite la interrupción del embarazo en tres causales específicas, desde su promulgación, ha ganado amplia legitimidad social, con un 83% de la población apoyando alguna forma de acceso al aborto, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio y julio de 2024.
