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A fines de diciembre, el informe de la denominada Auditoría Gubernamental ASEG-4 Actividades asociadas a la Probidad Administrativa en Compras Públicas en el Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" fue remitida a René Lopetegui, quien era director del recinto asistencial.
En el reporte elaborado entre junio y diciembre de 2023 por el Departamento de Auditoría y Control Interno del recinto de salud, se revelaron 21 irregularidades en los procesos de contratación de bienes y servicios, algunas de las cuales superan los mil millones de pesos. De ese total de observaciones, 12 fueron catalogadas como de "criticidad alta", ocho de mediana gravedad y solo una fue considerada leve.
El documento concluye que "ante la gravedad de las situaciones detectadas en el presente informe, se recomienda a la Dirección, la instrucción de procedimiento disciplinario a objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas en los procesos calificados con criticidad alta".
De hecho, de acuerdo a fuentes de diario La Tribuna, está en curso un sumario administrativo interno a cargo de un fiscal externo y la realización de dos denuncias, una a la Unidad de Análisis Financiero (dependiente del Ministerio de Hacienda) y otra penal al Ministerio Público.
Aunque no se detallaron las irregularidades, el pasado 9 de abril el director del Servicio de Salud Biobío, Walter Alvial, y el director (s) del Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles", Juan Carlos González, reconocieron que "se detectaron situaciones que afectan el cumplimiento riguroso de las normas de probidad y control interno que nos rigen como funcionarios públicos".
"He mandatado al director del Complejo a que, sobre la base de estos antecedentes, emita los planes de mejora y haga las modificaciones para que las irregularidades que pudiesen existir se modifiquen de manera inmediata", complementó Alvial.
Entre las medidas, anunció el término de algunos contratos "con algunas de las empresas proveedoras que están observadas en esta auditoría", aunque sin indicar los montos involucrados.
Para el presente artículo, se consultó sobre el tema a la unidad de comunicaciones del Servicio de Salud de Biobío, sin tener respuesta hasta el momento.
En lo fundamental, el informe deja explícita que hubo compras de productos, a través de proveedores, por los cuales se pagaron sobreprecios que llegaron hasta el 257%. Asimismo, se indica que se contrataron empresas - por la modalidad del trato directo - sin experiencia previa en el área de salud.
Entre otras consecuencias, además del perjuicio económico, podría haber implicado el "riesgo de daño a los pacientes por equipos mal reparados", según lo indica el reporte en una de sus partes.
Un punto que observó la auditoría interna es que una licitación pública que ya se había resuelto en favor de un determinado proveedor de materiales de construcción, fue dejada sin efecto debido a que un grupo de 12 productos (de un total cercano a los 260) tenía valores más altos que los del convenio marco. Se optó por resolver esa materia a través de la vía del trato directo pero, al final, se terminó pagando más del doble por los mismos productos solicitados.
Un aspecto importante es que tres empresas contratadas a través del trato directo para desarrollar obras de infraestructura (algunas por varios cientos de millones de pesos), sin tener las actividades económicas creadas en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
También se detectó que la compra de cerca de un millar de planchas de melamina enchapada de 1,5 centímetros de grosor, de 1,52 m por 2,42 m. Son 997 planchas en total que no estaban en bodega, pese a haberse emitido las órdenes de pago (cada plancha tiene un costo de 40 mil pesos).
Además, en la auditoría se advierte que varias ampliaciones y remodelaciones de dependencias del hospital se llevaron a cabo sin tener los permisos y autorizaciones de la Dirección de Obras Municipales (DOM).
La auditoría gubernamental ASEG-4 Actividades asociadas a la Probidad Administrativa en Compras Públicas en el Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" concluyó que:
"Se han identificado debilidades concretas en los controles internos asociados a la no publicación de los integrantes de las comisiones evaluadoras en página web Ley de Lobby, incumplimiento de la Ley de Compras Públicas por segmentación de compras, incumplimiento de la Res.1962 Normas de Control Interno de la CGR, el tomar contacto con los oferentes en periodo de postulación, la contracción de empresas a través de TD (trato directo) y posteriormente incorporando clausulas en la LP (licitación pública) de experiencia del oferente que limitan la participación, la contratación de empresas relacionadas familiarmente e invitarlas a una licitación privada, la no entrega a custodia de cauciones de contrataciones, la ejecución de obras sin los permisos respectivos de los organismos de control, la contratación de empresas de obras e infraestructura sin experiencia comprobada, la inadecuada utilización de las causales de tratos directos que justifican compras del Complejo Asistencial, el desistir de una oferta aprobada por la comisión evaluadora por LP, para luego contratar por vía TD, con valores que superan el 100% de lo ofertado por la primera empresa, etc".
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