Justicia para las víctimas

Aunque el alcalde de Laja, Roberto Quintana, aseguró a la justicia que las acusaciones eran falsas, la divulgación del video en que se muestra el acoso hacia una funcionaria municipal no admite mayores interpretaciones a la hora de sacar conclusiones. La autoridad, pese a que la mujer se lo pidió en varias ocasiones, insiste en besarla y abrazarla. En definitiva, en tener un comportamiento abusivo.

El caso del alcalde lajino no es aislado. Hace unos días se informó que el alcalde de Cunco, Alfonso Coke, eludía con un certificado médico su comparecencia al tribunal por un caso de abuso sexual. Su colega de Renaico, Juan Carlos Reinao, estuvo prófugo por varios días antes de entregarse a la justicia en una causa por varios ultrajes sexuales. A nivel nacional, la lista es larga.

En una democracia funcional, la confianza en las instituciones y sus líderes es fundamental. Sin embargo, esta confianza se erosiona severamente cuando quienes ostentan una posición de poder cometen abusos sexuales y quedan impunes. Los casos de autoridades electas y en ejercicio que han sido involucrados en actos de violencia sexual son especialmente alarmantes, ya que representan una traición flagrante a la confianza de la ciudadanía y un abuso de la autoridad.

La impunidad en estos casos no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también socava la integridad de nuestras instituciones y envía un mensaje devastador a la sociedad: que aquellos en el poder están por encima de la ley. Es imperativo que la justicia actúe de manera pronta y eficaz para garantizar que estas autoridades sobre quienes pesan estas graves acusaciones enfrenten las consecuencias de sus acciones y que las víctimas reciban la atención y el apoyo que merecen.

La importancia de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades judiciales es imperativa. En el caso de Laja, la denuncia data de hace dos años y pese a la contundencia de la evidencia, un eventual juicio aún se observa muy lejano.

Cada día que pasa sin acción es otro día en el que las víctimas sufren en silencio y los perpetradores continúan ejerciendo su poder de manera impune. La demora en la justicia solo agrava el daño infligido a las víctimas y socava aún más la confianza del público en el sistema judicial.

Para que la justicia realmente sirva, debe ser accesible, transparente y equitativa para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus o posición en la sociedad. Esto significa que ningún abusador, sin importar cuán poderoso sea, debe estar fuera del alcance de la ley. La aplicación efectiva de la justicia en casos de abuso sexual por parte de autoridades en quienes la ciudadanía confió su respaldo, no solo busca hacer justicia a las víctimas individuales, sino también proteger la integridad de nuestras instituciones democráticas y fortalecer la confianza del público en el estado de derecho.

La hora de actuar es ahora, por un futuro donde la impunidad ya no sea la norma y donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto.