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La Tribuna

Familia de Nacimiento se querella contra Serviu por accidente de menor

por Wladimir Millán

Hasta el momento nadie se ha hecho responsable por lo ocurrido con Javier Peña, ni siquiera quién conducía el vehículo que arrastró al menor.

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La familia de Javier Peña culpa al Serviu por dejar abierta una calle que debió cerrar por reparaciones. Además acusa al Estado de irresponsabilidad y pide una indemnización de 650 millones de pesos.

La acción judicial se generó tras el atropello de menor, que quedó con secuelas físicas y psicológicas.

El accidente se produjo el 7 de febrero de 2016 en calle Eduardo Frei, perpendicular a la Ruta de la Madera, cuando Javier Peña cruzó de forma normal y el vehículo conducido por Rosa Proboste colisionó al menor.

Producto a este accidente, la conductora arrastró a Peña entre 16 y 20 metros.

“Mi hijo iba en el capó, esta señora lo arrastra y al virar para dar una vuelta Javier cae, le saca toda la piel de la pierna del lado derecho y a su vez se azota la cabeza, lo que produjo una tremenda inflamación en el cerebro”, relató el padre del menor, Hugo Peña.

El progenitor de Javier señaló que después del accidente de tránsito el menor fue sometido a una operación delicada en el cerebro para bajar su inflamación “nosotros vivimos este proceso 74 días entre la UCI, la UTI y neurocirugía. Producto de este suceso mi hijo quedó con secuelas. Hoy tiene 16 años y mide 1,85 metros es como si fuera un niño de 10 meses”.

ACCIÓN JUDICIAL

Actualmente, la familia por medio del abogado, Héctor Meza, interpuso una demanda al Serviu por daño moral y material, con un monto de 650 millones de pesos.

El padre de la familia indicó al diario La Tribuna que estos 13 meses en qué han tenido que lidiar con las terapias y costos de insumos para su hijo ha sido difícil. “Hoy nadie nos ha ayudado ni siquiera quién atropelló a mi hijo, ni siquiera para un pañal. Además hemos tenido que vender alguna de nuestras cosas para poder ayudar a nuestro hijo en su recuperación”.

DECLARACIÓN DEL SERVIU

El departamento jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío emitió una declaración pública en la que indicaron que “se está analizando los antecedentes de la demanda interpuesta y se procederá a contestar en los plazos establecidos por los tribunales”. 

“Como siempre nuestro servicio está disponible para colaborar y entregar todos los antecedentes que sean requeridos judicialmente”.

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