La batalla por los cargos y los que no se querrán ir

Faltando sólo 61 días para el cambio de gobierno, los partidos al interior de Chile Vamos, se encuentran intentando aunar posturas para posicionar a sus líderes en los cargos estratégicos. El gabinete, las subsecretarías, las intendencias, seremías y gobernaciones -entre otras- son parte del botín electoral que se reparten los ganadores de las elecciones. Si bien, ante la ley, se indica que son cargos de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, lo cierto es que el lobby de los parlamentarios es una de las herramientas claras que se utilizan para estos efectos.

En la otra vereda, están también los que cuentan los días para la transición.

Si bien el actual subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, envió el pasado 13 de diciembre un oficio a todas las reparticiones públicas indicando que “tanto intendentes, gobernadores, asesores a honorarios y funcionarios cercanos a las autoridades, deberán cesar en sus cargos el día 11 de marzo de 2018”, ha trascendido que muchos esperarán hasta fin de año que los desvinculen, o simplemente darán una pelea por quedarse.

Claramente la incertidumbre laboral de los cargos políticos y asesores, es compleja, más todavía cuando en este tiempo, existen quienes han ganado sueldos que fuera del servicio público, no son fáciles de conseguir y, más aun, cuando hay quienes con sólo cuarto medio, realizan funciones con sueldos sobre los 850 mil pesos. A ellos es a quienes más les complica dejar su cargo. Detrás hay familias, hijos, esposas o maridos. Pero el juego es así. Pasa en los gobiernos, pasa en los municipios y pasa en el Congreso. Quienes se someten a esto, saben los riesgos.

Por su parte, los que entran, también deben tener claro que los cargos no son eternos. Es un periodo de tiempo destinado a dar lo mejor de sí, para lograr un mejor país desde la ideología política que se tiene.

Dos caras de una misma moneda, que tienen una cosa en común, la decisión de pertenecer a algo que no es para siempre y que cada cuatro años, la ciudadanía tendrá la última palabra.

Lo que se espera es que quienes tomarán los cargos, pongan siempre los intereses de Chile primero y se dediquen con cariño y pasión a esta labor, mientras, quienes se retiran, lo hagan sin generar inconvenientes mayores, respetando la voluntad de la democracia que tanto costó conseguir.