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Perfeccionar los instrumentos, no ofender a los chilenos
Es importante aclarar que la Contraloría estableció que en el gobierno anterior se gastaron más de 18 mil millones de pesos en implementar una Ficha Social que nunca llegó a término.
De acuerdo a los registros actualizados del Ministerio de Desarrollo Social, existen en Chile 4.291.704 hogares con Ficha de Protección Social vigente, lo que equivale aproximadamente a 12 millones de personas.
En un artículo reciente, un ex ministro de la oposición afirmó que “la mayoría de quienes aparecen en condición de pobreza según la ficha son ‘falsos pobres’, personas que derechamente mienten para ‘saltarse la fila’”. Presumir que una enorme proporción de los chilenos y chilenas que postulan a los beneficios que ofrece el Sistema de Protección Social son deshonestos, no sólo refleja un prejuicio intolerable, sino que ofende y atenta contra la dignidad de esos compatriotas.
El problema de fondo es que el actual instrumento tiene defectos que hay que corregir para lograr una clasificación más certera, justa y transparente de aquellos que buscan acceder a los beneficios sociales. Ese es un problema técnico que nuestro gobierno está abordando con la creación de un nuevo Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, el que entrará en vigor de manera progresiva.
Uno de los grandes defectos de la ficha actual es que se basa principalmente en los datos que declaran los encuestados, los que no se complementan y chequean de manera eficiente con los datos administrativos disponibles. Por lo tanto, el nuevo sistema va a recurrir ampliamente y a cruzar información de las bases de datos del SII, la Superintendencia de Pensiones, el Registro Civil, las Isapres, Fonasa y el Ministerio de Educación, entre otras.
Otro defecto es que los municipios a veces piden información complementaria con criterios dispares, cuando lo que se necesita son procedimientos uniformes y objetivos, e igualdad en el trato a las personas. Por esta razón, el nuevo sistema incorporará protocolos claros y un reglamento para el ingreso al Registro Social de Hogares, y también para la actualización, rectificación y complemento de información en las municipalidades, lo que asegurará un trato equitativo.
Es importante, aclarar que la Contraloría estableció que en el gobierno anterior se gastaron más de 18 mil millones de pesos en implementar una Ficha Social que nunca llegó a término y que, contrariamente a lo que declaran algunos representantes de la oposición, tampoco se dejó diseñado un sistema listo para aplicar ni un algoritmo de cálculo definitivo, sino 13 distintos. Además, esa fallida ficha de reemplazo aumentaba el cuestionario de datos autorreportados, lo que en vez de disminuir los problemas, los aumentaba.
Nuestro gobierno no quiere incurrir en ese tipo de errores.
Marcos Barraza Gómez
Ministro de Desarrollo Social
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