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Una política anti delincuencia integral debe abordar de manera sistémica los hechos delictivos y poner especialmente el foco en la prevención y en las causas que motivan dichos hechos.
Como es tradición la semana pasada el Presidente de la Corte Suprema dio el vamos al año judicial con su tradicional discurso, en la ocasión el ministro Dolmescht, abordó diversos temas de interés para el país y para la judicatura, poniendo especialmente el acento en una materia que pese a su importancia, ha pasado un tanto inadvertida producto de la contingencia legislativa y política que con fuerza ha tomado la agenda de inicios de marzo.
Tal vez precisamente esa contingencia es la principal dificultad con la que topa la situación carcelaria en nuestro país. En efecto, han pasado más de 5 años desde el fatídico incendio que en diciembre del año 2010 afecto a la cárcel de San Miguel, donde perdieron la vida 81 internos, tragedia que desnudó la situación penitenciaria del país, donde como sabemos abundan la insalubridad, los delitos y el hacinamiento, afectando directamente la integridad de los reclusos, mostrando la deuda que como sociedad tenemos en materia penitenciaria, temática que además constituye un eslabón clave en el combate a la delincuencia.
Sin dudarlo, en un año electoral escucharemos muchas propuestas para combatir la delincuencia y poner freno a la ‘puerta giratoria’, las cuales estarán dirigidas hacia una mayor dotación de las policías, aumento en las penas privativas de libertad y la efectiva ejecución de las condenas, seguramente poco o nada escucharemos de mejoras en la infraestructura carcelaria o en potenciar las medidas alternativas para los condenados.
Sin embargo, una política anti delincuencia integral debe abordar de manera sistémica los hechos delictivos y poner especialmente el foco en la prevención y en las causas que motivan dichos hechos.
Mucha razón tiene el presidente de la Corte Suprema al señalar que cuando una sociedad pregona el empleo de la cárcel como mecanismo de solución de los delitos, sin dimensionar ni abordar sus condiciones, en definitiva no se hace cargo de las causas que motivan la delincuencia.
Emilio Oñate Vera
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile
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