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Un aumento del 48% en la cantidad de juicios agendados, una dotación insuficiente de jueces y una recarga laboral es el escenario actual por el que estaría atravesando el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles.
Dicha situación ha provocado que varias audiencias que debían llevarse a cabo en la provincia hayan tenido que reprogramarse. Entre el 8 de octubre y el 23 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Penal deberá realizar 24 juicios sin contar con la dotación necesaria de jueces para cumplir con esa carga.
La compleja situación quedó al descubierto tras un recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción por los abogados de los comuneros acusados de participar en un ataque incendiario ocurrido en Quilleco en 2023.
Entre los imputados se encuentra Bastián Llaitul Vergara, sobrino del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). A él se suman Óscar Hernán Cañupan Calfín, José Ignacio Lienqueo Márquez, Roberto Alejandro Garling Infanta y Axel Cristóbal Campos Vivallos.
Tras varias postergaciones, en junio recién pasado se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, instancia clave que permitió fijar la fecha en la que se realizaría el juicio contra los comuneros.
El juicio se programó —en primera instancia— para mediados de octubre. Sin embargo, fue reagendado para el 9 de febrero del próximo año debido a la falta de magistrados disponibles.
La reprogramación fue impugnada por la defensa de los imputados, que denunció la medida como ilegal al afectar el derecho de los presuntos implicados a un juicio oportuno, especialmente, en consideración de que algunos se encuentran en prisión preventiva desde hace años.
La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el amparo y ordenó adelantar el inicio del juicio para este mes, tal como estaba previsto, luego de desestimar los argumentos del Tribunal Oral de Los Ángeles sobre su colapso operativo.
En su resolución, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones subrayó que la sobrecarga estructural que afecta a los tribunales no puede justificar el incumplimiento de los plazos legales que rigen los procesos judiciales. Así, instruyó al tribunal angelino a reprogramar de inmediato la causa de Quilleco.
Consultado por estos antecedentes, el Poder Judicial declinó referirse al tema.
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