El gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza, refirió a la iniciativa dominada "Certeza Jurídica para el Uso del Agua", que será sometida a deliberación por el Consejo Constitucional para su posible incorporación dentro del texto que será plebiscitado en diciembre.
La propuesta busca el "reconocimiento explícito del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas" en el proyecto de Carta Magna, con el fin de contar con las garantías sobre éstos, a fin de evitar lo ocurrido en la deliberación de la fallida Convención Constitucional.
La iniciativa fue presentada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) a raíz de que habría "una omisión importante (por) la falta de reconocimiento expreso del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas".
Al respecto, el gerente de los regantes del Laja, Héctor Sanhueza, explicó que "la pretensión y solicitud es que se incorpore en la Constitución la certeza jurídica del derecho de aprovechamiento de agua. Eso se hace porque se entiende que estando en la constitución, puede tener mayor fortaleza jurídicamente".
"La idea es que el derecho de aprovechamiento de agua tenga esta certeza jurídica que permita a quien lo posee, desarrollar con seguridad sus actividades productivas", añadió.
CERTEZAS
Sanhueza sostuvo que "tanto desde el punto de vista agrícola, en el caso de los regantes, como otros usos, por ejemplo, la generación, se hace a través de proyectos de larga data".
"Cuando se tiene un derecho de aprovechamiento lo que hay que hacer es generar mucha inversión para hacer los proyectos y poder aprovechar esa agua", precisó el gerente del conjunto en relación al funcionamiento de estos derechos en Chile y cómo se administran por parte de quienes cuentan con estos, para fines ya sea de riego o generación de energía eléctrica.
El representante de la Asociación de Canalistas del Laja, en conversación con este medio, aseguró que para generar estos procesos e inversiones, se requieren que aseguren a los productores de que podrán ver el fruto de las mismas en el largo plazo.
"Para eso se necesita tener la certeza de que quienes se vayan a comprometer con esa inversión no vayan a quedar sin uso posteriormente, porque alguien te cambió las condiciones jurídicas", contó Sanhueza, en relación al espíritu de la iniciativa y la importancia de esta para que los agricultores desarrollen y cuenten a futuro con la infraestructura de aprovechamiento hídrico necesaria para la producción de alimentos y hacer frente además, al déficit hídrico y la sequía que aqueja a la región del Biobío y a todo el país.
El gerente de la Asociación de Canalistas del Laja comparó la regulación legislativa actual sobre los derechos de aprovechamiento de aguas con lo propuesto por la Sociedad Nacional de Agricultura en la propuesta a ser debatida a futuro por los redactores de la eventual nueva Constitución.
SEGURIDAD JURÍDICA
Héctor Sanhueza observó que "en la Constitución actual está establecido el derecho de aprovechamiento como un derecho de propiedad y por lo tanto están protegidos constitucionalmente en la actual legislación".
"Pero los intentos que ha habido, tanto en la constitución que no se aprobó (en el proceso pasado) como en algunas propuestas legislativas que no han logrado materializarse, dan cuenta de la intencionalidad de bajarle la condición jurídica al derecho de aprovechamiento de agua", alertó.
A su juicio, esas aproximaciones ponían en riesgo la seguridad jurídica sobre el recurso para quienes han realizado mejoras en la red de canales para riego de cultivos agrícolas.
De acuerdo a la propuesta de la SNA, dichos derechos han sido "fundamentales para el desarrollo de la agricultura nacional en los últimos 40 años. La seguridad jurídica ha permitido impulsar las inversiones que han convertido a nuestro país en una potencia agroalimentaria".
Se destacó también el hecho de que "también ha permitido una rápida adaptación a la grave crisis climática, a través de obras de eficiencia en el uso del agua. Entre el 2007 y el 2021, la superficie de riego tecnificado aumentó de 28% a 59%".
Todo lo anterior de acuerdo a los dirigentes gremiales, quienes vieron en la propuesta constitucional pasada, una amenaza al desarrollo de infraestructura de aprovechamiento de agua para riego.