Un total de 24 organizaciones de regantes y juntas de vigilancia de distintas zonas del país acusaron una actuación ilegal por parte del Estado debido a la intención de crear los denominados Consejos de Cuenca, instancias que tienen atribuciones de administración y gestión de los derechos de agua, que infringiría la Constitución y las leyes.
En una declaración firmada por distintas organizaciones de regantes, entre las que se cuenta la Asociación de Canalistas del Laja, se pone hincapié en "denunciar ante la opinión pública una de las más graves infracciones legales de las últimas décadas, consistente en el intento del Gobierno de usurpar las atribuciones de las organizaciones de usuarios".
Según el documento, dicha situación afecta "la administración y gestión de los derechos de aguas, con grave infracción de la Constitución y las leyes". Es más, añadieron que se estarían "dedicando recursos públicos, y realizando diversas gestiones para la instalación de un organismo de facto y al margen de la ley denominado ‘Consejos de Cuenca Pilotos’, saltándose toda institucionalidad vigente, han comenzado a organizar su efectiva instalación".
CONSEJOS DE CUENCA
"El Gobierno quiere entregarles poder de decisión a estas entidades para que decidan la distribución de las aguas de los diversos ríos y esteros, sustituyendo o interviniendo así a las actuales organizaciones de usuarios de aguas del país, en especial sus Juntas de Vigilancia. Todo ello, como se ha dicho, sin ley alguna previa que lo autorice", acusaron.
Los regantes explicaron que "el espíritu de la legislación (actual) es que la labor de distribución de las aguas sea efectuada por quienes sean titulares de derechos. Se trata de un más que centenario mecanismo de descentralización, que ha funcionado de manera exitosa, asegurando a todos los usuarios la recepción de las aguas que les corresponde según derecho".
Por lo mismos, advirtieron que "la ley no le entrega potestades para distribución de las aguas en los ríos, esteros y canales, pues es una atribución de las organizaciones de usuarios, que es realizada sin costo para el Estado".
Los administradores de recursos hídricos alertaron que "quienes intervengan en la instalación de estas entidades ilegales cometerán un ilícito (...), pues no existe una ley que haya creado estas entidades y ningún funcionario público puede arrogarse más atribuciones que las expresamente consagradas en la ley".
CONSEJOS DE CUENCA SERÍAN ILEGALES
La acusación a la que se sumó la Asociación de Canalistas del Laja, desglosó las bases legales que, a juicio de los reclamantes, se rompen con la instalación de los Consejos de Cuenca en Chile: "Se quebranta el principio de legalidad al instalarse unos nuevos órganos, previa ley". Además, indicaron que "se usurpan las atribuciones legales que la normativa vigente reconoce a las Organizaciones de Usuarios de Aguas, en especial a las Juntas de Vigilancia de ríos y esteros".
La medida del Estado sería, según los usuarios de agua, "una infracción del principio de legalidad en el gasto, dado que no existen en la Ley de Presupuestos recursos que se hayan traspasado a la Dirección General de Aguas, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Medio Ambiente o a los Gobiernos Regionales, para instalar un nuevo órgano administrativo y a sus funcionarios en dieciséis cuencas del país".
"Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes denunciamos este intento de actuación ilegal", declararon, además de rechazar lo que catalogan como la intención de "imponer en los hechos una política pública que el Congreso y la ciudadanía han rechazado".
Debido a lo anterior, firmantes de la declaración llamaron al Estado y a los legisladores y fiscalizadores del cumplimiento de la ley a reaccionar frente a la creación de los Consejos de Cuenca: "llamamos al Presidente de la República, Gabriel Boric, a detener de inmediato esta actuación ilegal e inconstitucional".