Gobierno presenta normativa que protege el territorio y la vida rural

por María Paz Rivera Arévalo 30 Julio 2024

El proyecto además busca proteger los suelos agrícolas asegurando un uso que favorezca la sostenibilidad de la producción alimentaria y conservación de recursos naturales

La SNA ha planteado a la autoridad aumentar la cuota de contratación migrante, acompañado de una autoevaluación de los campos, donde los empresarios puedan revisar si cumplen con las exigencias laborales. / Diario La Tribuna

Este martes el gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el Proyecto de Ley para la Protección del territorio y la vida rural.

Por medio de esta normativa se propone una serie de medidas para proteger a las personas de estafas o ventas irregulares de terrenos.

De igual manera , establece que no se podrá construir ni contar con acceso a agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito, y la perdida de suelo agrícola que garantice la seguridad alimentaria, entre otras medidas.

Al respecto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes expuso que:

" Es hora de enfrentar de una vez las consecuencias del crecimiento descontrolado de las parcelaciones y entregar certezas a quienes quieren habitar el territorio rural y que hoy son víctimas de estafas, ya que a poco andar se dan cuenta que sus suelos no cuentan con agua, luz, retiro de basura, entre otros problemas".

Así mismo sostuvo que:

"Por ello, a través de este proyecto proponemos un modelo para que lo rural deje de ser una hoja en blanco y dotarla de un crecimiento planificado, y ordenado, reduciendo, además, la incertidumbre que enfrentan los municipios y los chilenos que no viven en estos territorios pero que se ven expuestos a diversos riesgos de un crecimiento sin planificación, como los incendios forestales", dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

El proyecto también busca proteger los suelos agrícolas de la fragmentación.

Asegurando un uso que favorezca la sostenibilidad de la producción alimentaria y la conservación de recursos naturales y fortalece la fiscalización al incorporar nuevos actores del proceso. Además del Minvu, SAG y municipios, se suman las Direcciones Regionales de Vialidad del MOP y la Superintendencia de Medioambiente.