El secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO A.G.), Carlo Rojas, advirtió consecuencias negativas por la puesta en vigencia de la norma que prohíbe la importación de tractores que no cumplan con las emisiones europeas Tier 4.
Dicha norma es un conjunto de regulaciones diseñadas para reducir las emisiones contaminantes producidas por tractores y maquinaria agrícola que operan con motores diésel. Fue implementada en la Unión Europea como parte de los esfuerzos para minimizar el impacto ambiental de estos vehículos y maquinaria, y se alinea con las regulaciones similares en otros países, como la norma Tier 4 en los Estados Unidos.
Según Carlo Rojas, la implementación en el país de esas regulaciones afectaría a los pequeños y medianos agricultores, quienes no tendrían la capacidad económica para migrar a sistemas productivos de esa naturaleza.
El punto fue expuesto a los legisladores de la bancada de diputados regional y esperan que pronto pueda exponer en la Comisión de Agricultura en la Cámara Baja.
De acuerdo a Rojas, "esta norma es un claro ejemplo de políticas públicas desconectadas con la realidad y que no tienen relación con la agricultura chilena. Aquí se trató de tomar una norma de carácter europeo, donde la agricultura es subvencionada".
De acuerdo al representante de la SOFO, en esta zona "la fabricación de tractores es parte del negocio, porque son ellos los que los fabrican, entonces la renovación de tractores es deseada".
Por otro lado, precisó que el decreto 39 del 2021, que establece límites máximos de óxido de nitrógeno y partículas contaminantes para la maquinaria móvil, comenzará a regir en octubre próximo para los tractores.
En vista de las cercanías de la fecha, añadió, "presentamos algunos argumentos técnicos y regulatorios de porqué representa una desventaja para los pequeños y medianos agricultores. En las presentaciones en la Comisión de Agricultura, recibimos un apoyo transversal de todos los miembros de la comisión, independiente del color político".
El dirigente reiteró que la norma impedirá la importación de tractores, a partir de octubre de este año, desde países que no fabrican con estos sistemas de emisiones. Eso significa, añadió, que los tractores de países como Brasil y México - que representan cerca del 50% de las importaciones y producen esos equipos de baja a mediana potencia- ahora deberán provenir de Estados Unidos o Europa, lo que significa "por lo menos el 30% del costo".
Carlo Rojas declaró que este incremento en el precio no sería posible de pagar por parte de "los pequeños y medianos agricultores, porque hoy enfrentan normativas de revalúo de predios y tributarias, alza en los costos de los insumos y el alza en los costos de la energía. Están diariamente luchando por mantenerse competitivos".
El secretario ejecutivo de la SOFO cuestionó "las implicancias de esta norma en Indap, que tiene un presupuesto que no alcanzará para las mismas unidades con esta norma. Lo mismo sucederá con las cooperativas. Se diseñó una norma que no incorporó dentro de su diseño estos impactos".
Además, argumentó que las regulaciones de 2013 "pero después de ocho años la situación ha cambiado, por lo que vale la pena reconocer que hoy se vive una realidad distinta".
Por lo mismo, Rojas formuló un llamado "evaluar lo que el sector agrícola aporta en captación de carbono. Cuando hablamos de esta norma se habla de un 4% del parque de motores diésel del país".
El representante alertó que la norma "nos quita competitividad con Argentina o Perú, que no están implementando estas regulaciones. Con los costos, esto seguramente va a influir en la inflación alimentaria".
En ese marco, aseguró que en la Comisión de Agricultura están trabajando en un proyecto de ley para derogarlo y hacer una exención para la maquinaria agrícola.