Piden dejar sin efecto resolución de la DGA que exige instalar un sistema de medición del caudal extraído

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier; Alberto Catalán, socio de Alcalde Consultores Hidráulicos y Santiago Acevedo y Nicole Cianci; socio y asociada respectivamente de Acevedo Santini Abogados; se refirieron a la exigencia de la Dirección General de Aguas (DGA) de que los usuarios cumplieran con la normativa de monitoreo de extracciones efectivas de agua, indicando que la exigencia incumple la norma de pasar por un control de la legalidad de la medida por parte de Contraloría. Además, consideran que la obligación de instalar un sistema de medición del caudal extraído, con un costo de seis millones de pesos adicionales, afectando a 720 titulares de derechos de agua que no podrían costearlo.

Los firmantes en una carta al director enviada al Diario Constitucional, recordaron que "a principios de este mes, la Dirección General de Aguas (DGA) hizo un llamado a los usuarios a cumplir con los plazos de la normativa de monitoreo de extracciones efectivas de aguas".

ACUSAN QUE EXIGENCIA ES INJUSTA Y NO PASÓ POR CONTRALORÍA

Frente a lo anterior, la asociación, consultores y abogados, consideraron que "la exigencia es desproporcionada y de esa forma se vuelve injusta. Centraremos nuestro análisis en las aguas subterráneas". "Para reglamentar esta facultad, la DGA volvió a incurrir en la mala práctica de hacerlo por medio de una Resolución Exenta, esto es, no sujeta al control de legalidad previo por la Contraloría", explicaron.

"Con todo, esta Resolución no cuantificó los caudales de cada categoría, entregando esta facultad a cada Dirección Regional", acusaron. Dijeron que "en el caso de nuestra Región del Biobío, la RES EX DGA BIOBÍO N° 211 publicada el 18 de abril de 2022 determinó que para esta Región se entenderá por: (1) estándar pequeño, caudales iguales o inferiores a 2 litros por segundo (L/s); (2) estándar menor, entre 2 y 5 L/s; (3) estándar medio, entre 5 y 10 L/s y (4) estándar mayor, un caudal que iguale o supere los 10 L/s".

CRITICAN FALTA DE EMPATÍA Y DE SUBSIDIOS

"De esta forma, todo titular de derecho de aprovechamiento de estándar medio (entre 5 y 10 L/s) deberá instalar un sistema de medición (con caudalímetro, sensor de nivel freático y Data Logger) y todo titular de estándar mayor deberá, además, instalar un sistema de transmisión online hacia el Software de la DGA".

Los firmantes presentaron cinco objeciones a lo anterior, iniciando con el cuestionamiento: "¿está al tanto la DGA de los costos que esto implica? ¿No sabe que el titular de un derecho de aprovechamiento por 5 L/s ya debió haber gastado al menos 6 millones de pesos en instalar su pozo? Y resulta que ahora debe instalar estos nuevos equipos que tendrán un costo de al menos 6 millones adicionales".

"Esta exigencia de cargar con 6 millones de pesos adicionales, en la Región del Biobío afectan al menos a 720 titulares (según la información publicada por la DGA), lo que implicará un costo para la agricultura de la Región del Biobío del orden de 4.300 millones de pesos. La normativa no parece haber empatizado con estos costos, ni ha establecido subsidios. Sólo nos otorgó un plazo de 12 meses que ya llegó a su fin", alertaron.

CONSIDERAN QUE MEDIDAS NO ATACAN LA EXTRACCIÓN IRREGULAR

"El estándar mayor pide datos cada 1 hora, es decir 8.760 datos al año de un mismo pozo. ¿Para qué necesita la DGA tantos datos?", continuaron. "Nos parece absurdo (y gravoso) solicitar más de ocho mil datos al año de cada pozo. No parece necesario para el propósito del cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico".

Sobre la extracción de Aguas Subterráneas, consideraron que la información no sería la ideal: "nos parece que la forma de atajar inescrupulosos es mediante la fiscalización y no mediante el requerimiento de 8 mil datos al año". Sobre las mediciones de cada pozo, cuestionaron la solicitud de medirlos 8 mil veces al año: las mediciones de cada pozo podrían efectuarse también con equipos móviles, o con empresas certificadas que presten el servicio, sin obligar al titular a incurrir en costos millonarios por cada pozo existente.

PIDEN QUE RESOLUCIÓN QUEDE SIN EFECTO

Sobre las condiciones para llevar a cabo esto, la inseguridad fue vista como otra de las barreras: "si las mediciones fueran mensuales y no horarias, practicadas por prestadores de servicios que acuden al lugar con sus equipos y luego se los llevan, perfectamente se podría atender esta necesidad de conocer y estudiar nuestros acuíferos sin liquidar nuestra industria agrícola en el intento".

"La normativa de medición de extracciones de caudales es desproporcionada, de un costo prohibitivo y que tiene subyugada a la industria agrícola. (...) para modificar esta insufrible normativa no es necesario pasar por el Congreso y esperar una década. Basta dejar sin efecto una mera Resolución Exenta dictada sin control previo de legalidad de la Contraloría General de la República y elaborar con calma la normativa reemplazo", llamaron.